Pronunciamiento: Por una auténtica representatividad y participación política de los pueblos y de las mujeres indígenas

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Pronunciamiento: Por una auténtica representatividad y participación política de los pueblos y de las mujeres indígenas

Una de las mayores riquezas del Perú es su diversidad cultural. Sin embargo, los pueblos indígenas andinos y amazónicos, pre-existentes a la Colonia, hemos sido marginados y sufrido el genocidio cultural a partir de la conquista española. La independencia y la República no cambiaron esta política. El Estado no nos incluye y los gobiernos, sucesivamente, nos han etiquetado como símbolo de atraso y obstáculos al desarrollo. 
En los últimos treinta años, la normatividad internacional referente a los derechos de los pueblos indígenas ha evolucionado, producto de la visibilización de nuestras demandas y el fortalecimiento de nuestras organizaciones para hacer frente a la globalización neoliberal. En el Perú, el reconocimiento de nuestros derechos ha avanzado gracias a nuestras luchas. Tuvo que ocurrir la Masacre de Bagua para que el derecho a la consulta, vigente por el Convenio 169 de la OIT casi veinte años antes, se materializara en una ley y un reglamento que, sin embargo, todavía tienen muchas carencias. 
Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el de la participación en el Estado. Pero la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas ha sido débil y contradictoria, sufriendo marchas y contramarchas. Hoy está en manos del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. 
Las normas electorales establecen una cuota para la participación indígena en los procesos electorales. Según la Resolución279-2014 del Jurado Nacional de Elecciones, a los pueblos indígenas nos correspondían 48 consejeros regionales. Pero una nota publicada hoy en el diario La República con base en el estudio «El desconocimiento de la cuota de representación indígena en las elecciones regionales del 2014», elaborado por Cooperacción, revela que de 48 consejerías regionales, 34 fueron cubiertas por personas distintas. Es decir, solo 14 de ellas fueron acreditadas como representantes de pueblos indígenas. 
No se trata solo de falta de representatividad ni el problema se limita a los pueblos indígenas. Las cuotas para mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas son ocupadas por una sola persona para cubrirlas y únicamente por compromiso, además de ser puestos en los últimos lugares de las listas. 
Asimismo, en los espacios de participación locales, como los que se dan para la elaboración de los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, la presencia de las mujeres es aún escasa, lo que a su vez tiene un impacto en el tipo de proyectos que se priorizan en estos espacios, que no necesariamente responden a las demandas e intereses de las mujeres en general y de las indígenas en particular, pues sus miradas y sus voces están ausentes de estos espacios. 
La cuota indígena, que obliga a que las listas electorales tengan un 15% de indígenas del número total de consejerías regionales y municipales y que hasta el momento sólo se había aplicado en los casos de los pueblos amazónicos, se hizo extensiva en las elecciones últimas a las comunidades campesinas. Sin embargo, esto no ha significado necesariamente una mayor representación, sino que, al contrario, ha sido un instrumento para fomentar la división en las comunidades. 
Hay que señalar también que la lógica de campaña que se ha impuesto en el país y en nuestras comunidades exige la disposición de abundantes recursos económicos para poder hacer los materiales de campaña, recorrer las comunidades, lo que choca con las pocas posibilidades económicas que tenemos los pueblos y las mujeres indígenas, quienes difícilmente tendremos los recursos para invertir en estas actividades. El Estado debe garantizar nuestra participación directa. 

Ante este panorama, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) propone: 

  • Que se incluyan nuestras demandas, propuestas y proyectos en los planes de desarrollo concertado, en los presupuestos participativos y en las políticas públicas locales, regionales y nacionales.
  • Garantizar la presencia de los pueblos y las mujeres indígenas en los espacios locales, nacionales e internacionales.
  • Promover el análisis y debate de propuestas que reflejen la problemática indígena y las necesidades y los intereses de los pueblos y las mujeres indígenas.
Para resolver la debilidad de la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas, planteamos crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, cuyo/a máximo representante, Ministro/a de Estado, sea un/a dirigente indígena o elegido/a por los propios pueblos indígenas. No queremos más espacios a nivel consultivo. Tiene que crearse un espacio decisorio en el que haya representación paritaria entre Estado-Pueblos Indígenas para que haya una cogestión de políticas públicas, programas, proyectos y planes. 
Mientras este ministerio sea creado, planteamos que el ente rector para pueblos indígenas tenga capacidad de decisión y ejecución para garantizar la coordinación con todos los sectores y niveles de gobierno, con un presupuesto propio y autonomía técnica, administrativa y económica, para así asegurar que la interculturalidad sea transversal a todas las políticas públicas. 
Las normas nacionales e internacionales garantizan nuestros derechos a la participación. Urge fortalecer la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas.
Basta de cubrir cuotas por compromiso. Por una auténtica representatividad y participación de los pueblos y de las mujeres indígenas. 

23 de febrero de 2015

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