“Paquetazos buscan la desaparición de los pueblos y comunidades indígenas”

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“Paquetazos buscan la desaparición de los pueblos y comunidades indígenas”

ONAMIAP participó en la presentación de diez mil firmas que acompañan la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30203.

 

“En nombre de la dinamización de la inversión, atropellan nuestros derechos. Hemos cambiado de gobiernos, pero el sistema extractivista sigue intacto. Todos estos paquetes de normas, incluida la Ley 30230, están dirigidos a desaparecernos. Pero los pueblos indígenas estamos luchando desde hace más de quinientos años y lo seguiremos haciendo”, señaló Ketty Marcelo López, Vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP.
Fue durante la conferencia de prensa en la que el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, del cual ONAMIAP forma parte, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron las diez mil firmas, reunidas por las organizaciones e instituciones a nivel nacional, que acompañan la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 presentada ayer ante el Tribunal Constitucional.
La Vicepresidenta de ONAMIAP recordó que en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República que aprobó el martes 7 de abril el Proyecto de Ley 3491/PE-2014 se negó la palabra a los dirigentes del Pacto de Unidad, pese al acuerdo previo de brindársela. “Y con solo seis votos decidieron el destino de los territorios de nuestras comunidades”.
Recordó que el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa, está vigente en el Perú desde hace más de quince años, pero que el Estado no lo reconoce. “Estamos a favor de las inversiones, pero con respeto a nuestros territorios, con respeto a nuestros derechos”, remarcó. Y dijo que a seis años de perpetrada, “la masacre de Bagua sigue siendo una herida abierta”.
La conferencia de prensa fue abierta por Antolín Huáscar, Presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y Coordinador del Pacto de Unidad, quien se refirió a las normas promotoras de la inversión como todo un andamiaje que tiene su origen en la dictadura fujimorista, que arrasó con los derechos de las comunidades andinas y amzónicas.
Además de la Ley 30230 y el Proyecto 3491, el Presidente de la CNA se refirió al Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, según el cual la autorización del uso de los territorios comunales será otorgada por la Junta Directiva, cuando es sabido que para las comunidades, la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y la única autorizada para tomar este tipo de decisiones.
Por su parte, Idelso Hernández, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC Perú), subrayó que para los pueblos indígenas, defender el territorio significa defender la vida, porque el territorio es el sustento de la identidad y comprende las tierras, aguas, recursos naturales e instituciones propias de las comunidades.
“Como pueblos indígenas, reafirmamos nuestra unidad y no bajamos la guardia. Si es necesario, saldremos a las calles para defender nuestros derechos”, indicó.

Inconstitucionalidad

La demanda presentada pide que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a si la Ley 30230 se ajusta a la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta norma nunca fue consultada, pese a afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. Además del derecho a la consulta, la Ley 30230 vulnera el derecho al territorio. El Estado, en lugar de titular a las comunidades que aún no cuentan con título de propiedad, dispone de sus territorios para la inversión privada, principalmente extractivista. También vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, al debilitar los mecanismos e instituciones de fiscalización ambiental.
Finalmente, el Proyecto 3491, supuestamente destinado a fomentar la inversión privada, modifica sin que le corresponda dos artículos del Código Penal, al calificar de “secuestro agravado” acciones de protesta como la toma de vías o carreteras. Lo que busca es criminalizar a quienes defienden sus derechos.
El Pacto de Unidad exige la derogatoria de la Ley 30230 y del DS 001-2015 de Ministerio de Energía y Minas, así como el archivamiento definitivo del Proyecto 3491. Sus dirigentes anunciaron que están consultando a sus bases para definir la fecha de una jornada nacional de lucha contra los paquetazos de normas que vulneran sus derechos.

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