Rechazamos el cuarto paquetazo: seguiremos defendiendo nuestros derechos

Home  >>  Rechazamos el cuarto paquetazo: seguiremos defendiendo nuestros derechos

Rechazamos el cuarto paquetazo: seguiremos defendiendo nuestros derechos

22 mayo, 2015, Por , , ,

La aprobación del Proyecto de Ley 3941 en primera votación por el Pleno del Congreso de la República representa un paso más en el objetivo de arrasar con los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas, pasando por encima del derecho a la consulta y consentimiento y profundizando la criminalización del ejercicio de estos derechos.
El Poder Legislativo, convertido en una mesa de partes del Poder Ejecutivo, ha pasado una vez más por encima de los derechos en nombre de la promoción de la inversión. Hoy todo está preparado para otorgar nuestras tierras en servidumbre para las actividades extractivas, lo que unido a mayores flexibilizaciones ambientales, no hace más que enervar las condiciones para nuevos conflictos sociales.
Como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP advertimos en su oportunidad, este dictamen aprobado vulnera nuestros derechos territoriales, porque bloquea la titulación de nuestras comunidades mediante el otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área. Todos sabemos que existen muchas comunidades campesinas y nativas sin título de propiedad inscrito. Todas ellas corren peligro. 
También profundiza la flexibilización de las normas ambientales y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, porque establece que las autoridades sectoriales otorguen títulos habilitantes, echando por tierra las atribuciones y el trabajo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). 
Pese a constituir un serio riesgo para el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas, el Proyecto 3491 no fue sometido a consulta y consentimiento previo, libre e informado, como lo mandan las leyes nacionales y los tratados internacionales. Y el Pleno rechazó la moción presentada por un congresista para hacerlo.
Para imponer esta vulneración de Derechos a sangre y fuego, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del dictamen aprobado modifica el artículo 204 del Código Penal, referido a las “formas agravadas de usurpación” y establece penas de hasta ocho años de cárcel. Es decir, se continúa penalizando la defensa de los territorios comunales.
La desesperación por atraer inversiones en actividades extractivas ante la caída de los precios y las exportaciones, insistiendo en un modelo de crecimiento inequitativo e insostenible, lleva al gobierno a arrasar con derechos y a la criminalización y la represión. Los muertos en Islay así lo prueban. Y las amenazas continúan, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, en su “Consejo Nacional de la Competitividad”, exhibe otros proyectos de ley igualmente atentatorios contra los derechos.
Esta no es entonces una agresión aislada, es la continuidad de los paquetazos destinados a desaparecer a las comunidades campesinas y nativas, a quienes se nos considera un “obstáculo para el desarrollo”. Pero no vamos a rendirnos, nuestros derechos están plenamente reconocidos y recurriremos a todas las instancias existentes para defenderlos. Como la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado contra la Ley 30230 ante el Tribunal Constitucional y la Acción Popular que hemos presentado contra el DS 01-2015-EM ante el Poder Judicial.
Los pueblos indígenas, desde cada una de nuestras comunidades, vamos a seguir defendiendo nuestros territorios, sustentos de nuestra identidad y del conjunto de nuestros derechos, como lo hacemos desde hace más de 500 años. No nos rendiremos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *