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Tribunal Constitucional admite la demanda de Inconstitucionalidad de la Ley 30230

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Tribunal Constitucional admite la demanda de Inconstitucionalidad de la Ley 30230

On abril 15, 2016, Posted by , In ONAMIAP al día,Sin categoría, By , With No Comments
Un paso más en la defensa de nuestros derechos territoriales de los pueblos indígenas, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, presentada el 10 de abril del 2015 por el Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas nacionales en coordinación con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El 15 de marzo de este año, el TC admitió el Auto referido al Expediente 00 12-2015-PI/TC, por el cual resuelve “ADMITIR  atrámite  la demanda  de inconstitucionalidad y su ampliatoria  interpuesta por  más  de  cinco  mil  ciudadanos  contra  diversos  artículos  de  la  Ley  30230,  que establece  medidas  tributarias,   simplificación  de  procedimientos  y permisos  para  la promoción y dinamización  de la inversión en el país; ycorrer traslado  de la misma al Congreso  de la Repúblicapara que se apersone al proceso y la conteste  dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la presenteresolución”.
La Ley 30230 aligera las obligaciones ambientales de las empresas, da seguridad a las grandes inversiones, establece procedimientos especiales para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión (ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, nuevos ejes viales, etc.), “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios”.
Esta norma nunca fue consultada, pese a afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. Además del derecho a la consulta, la Ley 30230  vulnera el derecho al territorio. El Estado, en lugar de titular a las comunidades que aún no cuentan con título de propiedad, dispone de sus territorios para la inversión privada, principalmente extractivista. También vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, al debilitar los mecanismos e instituciones de fiscalización ambiental.
En consecuencia, la demanda presentada pide que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a si la Ley 30230 se ajusta a la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta norma fue emitida como parte de los llamados “paquetazos” que vulneran derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas. Los llamados “paquetazos” se iniciaron con los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Ley 30025, todos ellos emitidos en el 2013. Luego, en junio de 2014, el Congreso aprobó la Ley 30230 y en abril de este año el Ejecutivo publicó el proyecto de reglamento del Título III de esta ley. En enero del 2015, el Ministerio de Energía y Minas dio el DS 001-2015.
La Ley 30025 modifica la Ley General de Expropiaciones, vulnerando la Constitución. Ésta solo permite expropiaciones en casos de necesidad pública y seguridad nacional y la Ley 30025 agrega el causal de “proyectos de gran envergadura”, referidos principalmente a actividades extractivas y obras de infraestructura, cuando es sabido que la Constitución no puede ser modificada por una norma legal de menor jerarquía.
El Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas señala que el uso de las tierras comunales puede ser cedido a las empresas solo con la aprobación de la Junta Directiva, cuando la ley establece que se necesita la aprobación de por lo menos dos tercios de los comuneros. Esto vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, para quienes la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno.
Pero el proceso no se inicia en este gobierno. Tiene sus raíces en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) que cambió la Constitución para imponer el modelo neoliberal. Aunque la Constitución de 1993 ha sido reformada en algunos aspectos, el modelo económico no ha sido tocado por los sucesivos gobiernos. El segundo gobierno de Alan García, en particular, emitió un paquete de decretos legislativos contra los derechos de las comunidades que dieron lugar a la Masacre de Bagua el 5 de junio de 2009.

Como Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP,integrante del Pacto de Unidad, tenemos los derechos territoriales como punto central de nuestra agenda y continuaremos defendiéndolos contra las normas que los vulneran. Confiamos en que el Tribunal Constitucional cumpla su deber. Estaremos vigilantes de que así sea.

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