PACTO DE UNIDAD LOGRA QUE DECRETO LEGISLATIVO N° 1333 SEA DEROGADO

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PACTO DE UNIDAD LOGRA QUE DECRETO LEGISLATIVO N° 1333 SEA DEROGADO

Con 13 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso de la República derogó el Decreto Legislativo Nº 1333 para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, conocida como la Ley del Despojo, que vulneraba los derechos territoriales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos.

Desde temprano, los y las dirigentes del Pacto de Unidad (Onamiap, CNA, CCP, Fenmucarinap, UNCA y Cunarc) estuvieron presentes en la sesión de la mencionada comisión, cuyos integrantes debatieron ampliamente sobre las implicancias del D. L. N° 1333. Durante el debate, el pedido mayoritario de los parlamentarios fue la inmediata derogación del mencionado decreto, lo que fue confirmado al momento de la votación.

Esta derogatoria es el resultado del proceso de incidencia que las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad venían realizando para denunciar los atropellos a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que este decreto representaba.

En el camino para lograr la derogatoria del D. L. N° 1333, uno de los puntos principales que el Pacto de Unidad logró poner en agenda fue que este decreto ponía en peligro los procesos de titulación pendientes al crear el Proyecto Especial de Acceso a predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), instancia que iba a poder sanear tierras para proyectos priorizados. Además, el APIP iba a tener la última palabra para resolver si los territorios pertenecen a comunidades o al estado para luego entregarlos a los inversionistas.

CAMINO PENDIENTE

Sin embargo,  el D. L. N° 1333 no era una medida aislada. Es necesario recordar que de los 112 decretos legislativos emitidos por el gobierno al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, 65 se refieren a la promoción de la inversión, entendida como el debilitamiento de la institucionalidad y los estándares ambientales y la progresiva precarización de la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas.

Este paquetazo territorial ambiental es, además, la continuidad de otros, como el emitido por el segundo gobierno de Alan García, que dio lugar a la masacre de Bagua, y el del gobierno de Ollanta Humala, en el que destaca la Ley 30230 a la que precisamente el D. L. N° 1333 daba continuidad y que está sometida a un proceso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Por ello, las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad instamos a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que revise minuciosamente los decretos legislativos de promoción de la inversión para identificar aquellos que vulneran derechos. Pedimos también al Poder Ejecutivo que sus políticas orientadas al crecimiento económico se sustenten en un enfoque de derechos e interculturalidad.
Finalmente, las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad manifestamos nuestro compromiso de permanecer vigilantes para que el Pleno ratifique la derogatoria de este decreto lesivo para los territorios de los pueblos indígenas andinos y amazónicos de nuestro país.
¡Por la defensa de nuestros territorios!

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