Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú

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Bosques de Ucayali: un botín para los traficantes de tierras en Perú

Territorio deforestado en Bajo Rayal. | Fuente: Mongabay Latam | Foto: Yvette Sierra Praeli.

Por: Yvette Sierra Praeli*

  • Conflicto por la posesión de 450 hectáreas de bosque terminó con el asesinato de seis personas y Mongabay Latam llegó a Bajo Rayal, en Nueva Requena, para conocer la historia.
  • La autoridad regional está empeñada en conseguir que por lo menos 300 000 hectáreas de bosques dejen de serlo.

“Les vamos a dar sus pasajes por estas tierras”, fue el mensaje que recibió Segundo Gamarra Alvarado hace dos meses. Las palabras vinieron de quienes representaban a la Asociación Agrícola & Forestal Campo Verde, quienes reclamaban como propias las 450 hectáreas de terreno que ocupa Gamarra Alvarado, según dice desde hace más de 10 años, en el caserío Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena, Ucayali.

Gamarra lo entendió como una amenaza, pues lo habían citado para arreglar el conflicto por la posesión de ese territorio y cuando pidió 30 000 soles como pago para abandonar las tierras que considera suyas, la respuesta fue aquella frase. Después de esa conversación estaba convencido de que no habría negociación alguna y que más bién lo estaban amenazando de muerte.

El territorio que menciona forma parte de las más de 7600 hectáreas que reclaman al Estado los 125 integrantes de la Asociación de Productores Agroforestales El Encanto de Santa Rosa, y que está ubicado en una zona que corresponde a bosques de producción permanente (BPP), cerca del Parque Nacional Cordillera Azul.

Campos de arroz en el camino de ingreso a Bajo Rayal, cultivo que ahora está en el centro de las disputas por tierras. | Fuente: Mongabay Latam | Foto: Yvette Sierra Praeli.

Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en julio de 2011, los BPP están destinados a la “producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas”. Por lo tanto, estos bosques no pueden ser utilizados para fines agropecuarios pues está prohibido el cambio de uso. También, “se prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal”, se lee en el informe Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado, publicado porla Defensoría del Pueblo en junio de este año.

En conversación telefónica, Gamarra explicó que el terreno que ahora disputa con la mencionada empresa fue vendido mientras él se encontraba recluido en un penal, según declaró, cumpliendo una pena por un problema de invasión de terrenos en Pucallpa. “Mis vecinos vendieron mis tierras a los arroceros, sin mi consentimiento. Ahora estoy tratando de recuperarlas y he entregado parte de mi terreno a mis amigos, para que lo trabajen”. Las seis personas que fueron asesinadas el 1 de setiembre, formaban parte del grupo de amigos a los que se refiere este poblador. “Ese día, ellos estaban alineando el suelo para construir el anexo, estaban construyendo la casa comunal. Ahí los han matado. Han cumplido su amenaza, todo ha sido planificado, han llegado para matar”, dijo sobre el asesinato ocurrido en el sector denominado Motelillo, en la zona El Encanto de Santa Rosa, en Bajo Rayal, distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.

Para tomar posesión del terreno, Gamarra recurrió a unas 45 personas —sus amigos, según dice— a quienes les entregó entre 20 y 40 hectáreas de tierra a cada uno. Estas personas, provenientes de otras regiones en su mayoría, formaron también una asociación agrícola junto a Gamarra y se instalaron en la zona. Seis de ellas fueron asesinadas.

Como indica la norma, el terreno en disputa no puede entregarse bajo ninguna modalidad de posesión, sin embargo, quienes reclaman zonas catalogadas como BPP, están convencidos —como veremos más adelante—  que la autoridad regional logrará la modificación de la ley para que se queden con sus tierras.

En este hecho que tiene características de crimen organizado murieron Elías Gamonal Mozombite, Jorge Calderón Campos, Orlando Murillo Mendoza, Feliciano Córdova Abad y sus hijos Alcides Córdova López y José Edil Córdova López. Ellos fueron torturados y luego ultimados con disparos de escopeta. No fueron los únicos que estuvieron en la zona ese día, pero sí los únicos que se quedaron después que terminaran su jornada en el territorio en disputa.

Es jueves 14 de setiembre, han pasado dos semanas desde la matanza, y, en una mesa de un restaurante ubicado en la carretera de entrada al distrito de Campo Verde —ubicado a 40 minutos de Pucallpa—, Edgar Royser Tineo Sánchez cuenta lo que pasó el 1 de setiembre.  

Ese día, él escapó de la muerte. Con una herida de bala en el muslo y otra en el brazo corrió para esconderse de sus perseguidores entre los matorrales. Se ocultó durante horas —me dijo— desde las 7 de la noche hasta el amanecer. “Me siguieron como por dos kilómetros. Había luna y yo he corrido, yo sé caminar monte”, explicó.

Edgar Royser Tineo Sánchez (de polo verde), sobreviviente de la masacre de Motelillo, junto a los familiares de Orlando Murillo Mendoza, uno de los seis asesinados en Motelillo. | Fuente: Mongabay Latam | Foto: Yvette Sierra Praeli

“Estábamos en faena, era como 5:30 de la tarde y ellos (los fallecidos) tenían que regresar a su campamento en el río. El resto salíamos hacia Campo Verde cuando escuchamos disparos, entonces, mando a dos personas para que vean qué sucede. Regresa Peña y nos dice: han matado a todos los gatos, así les decíamos por sus ojos verdes”.

Fueron unas 13 personas armadas que llegaron para acribillarlos —explicó Royser—, quien con otro de los jornaleros decidió regresar para ayudar a los posibles heridos. Esperaron hasta a las 7:30 de la noche para acercarse al campamento. “En el lindero hay una curva. Había personas, ‘promo’ le digo, ‘promo cómo está la gente’ me dice. Avanzo y en eso ‘pum’ me ponen la escopeta en la cabeza. Lo empujo y corro; ahí me disparan, me han disparado por la cabeza, por todos lados”. Su acompañante no logró huir y fue una más de las víctimas del asesinato.

Este relato de lo sucedido esa tarde en medio del bosque Amazónico se mezcla con explicaciones del porqué estas seis personas fueron asesinadas. La historia, nos conduce por un enredado esquema de tráfico de tierras en la Amazonía.

Bosques que desaparecen

Los conflictos por posesión de terrenos se multiplican en Ucayali. Historias de doble venta y usurpación de tierras, así como de invasiones en bosques primarios, bosques secundarios, comunidades nativas y hasta zonas reservadas se escuchan constantemente.

“Aquí hay mucho tráfico de tierras”, “las autoridades son corruptas” son frases que se repiten cuando se hace referencia a los conflictos territoriales. Mucho más ahora, luego de la Masacre de Motelillo, como se conoce al asesinato de estas seis personas en medio de un bosque deforestado.

Este caso se asocia con  un problema de tráfico de tierras, pero esta vez el esquema apunta a la formación de asociaciones y empresas de fachada constituidas para adquirir terrenos, comentan tanto la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente como autoridades regionales.

La misma figura se repite en la disputa que sostiene Segundo Gamarra Alvarado con la empresa Asociación Agrícola & Forestal Campo Verde por la posesión de 450 hectáreas de territorio. Sin embargo, al estar ubicado dentro de un bosque de producción permanente, el terreno en cuestión no puede ser comprado o vendido, ni siquiera se puede acceder a una constancia de posesión que es la figura legal con la que se entregan muchos terrenos invadidos y desboscados en Ucayali y en la Amazonía peruana en general.

Gamarra no cuenta con documentos que lo respalden como posesionario o propietario del terreno, por consiguiente, no puede venderlo. La empresa agroforestal que reclama el territorio tampoco tiene forma de acceder a un título o constancia de posesión que acredite su adquisición. Ninguno de los involucrados en la disputa podía acceder a un documento que acredite su propiedad puesto que se trata de un territorio que no puede ser entregado a particulares, según confirmó a Mongabay Latam el director regional de Agricultura Isaac Huamán Pérez, “sabían que es un terreno proscrito para fines agrarios”, dijo.

Sin embargo, la Asociación Agrícola & Forestal Campo Verde logró obtener una constancia de posesión. ¿Cómo lo hizo? recurrió al Juzgado de Paz del distrito de Nueva Requena para legalizar la posesión de la tierra. El 20 de febrero de 2017, el juez de paz Víctor Rojas Maldonado firmó la “Constancia de posesión de terreno en el sector Motelillo del Caserio Nuevo Edén, distrito Nueva Requena”, según figura en el documento al que accedió Mongabay Latam.

Pese a que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre “prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal” —descripción que corresponde al terreno en disputa—, la empresa agroforestal se encargó de obtener su constancia de posesión.

En la constancia no solo figuran las 450 hectáreas que Segundo Gamarra reclama como propias y que fueron el centro de la disputa que terminó en una masacre, sino muchas más. En total, el juez de paz entregó una constancia de posesión por 2498 hectáreas en el sector denominado Motelillo. Es decir, las 450 que reclama Gamarra más otras 2000, contiguas a su terreno ubicadas en el caserio Nuevo Edén. Los terrenos estaban siendo desboscados, casi 3000 hectáreas de bosques de producción permanente empezaron a desaparecer sin que nadie intente evitarlo.

Nuevamente surgen los indicios de corrupción de funcionarios para la obtención del documento. La ley ordena que el Registro de Predios Rurales, los certificados de posesión sean entregados por las dependencias regionales del Ministerio de Agricultura, es decir, los órganos descentralizados de la Dirección Regional de Agricultura.

El juez de paz Victor Rojas Maldonado dijo a Mongabay Latam que fue sorprendido por el representante de la asociación y que cometió un error. Agregó que hace una semana emitió una resolución para anular la constancia de posesión. “Este señor, José Zapata Picón, vino con documentos legalizados en un notario público y su asociación estaba inscrita en registros públicos. Pero el terreno estaba en un sitio intangible, en bosque nacional que no se puede entregar así nomás”, señaló.

Según la Ley de Justicia de Paz, los jueces de paz están facultados a cumplir funciones notariales en los centros poblados donde no existe un notario para realizar estos trámites y, bajo estas facultades, pueden entregar “constancias de posesión, domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz pueda verificar personalmente”. No obstante, esta norma no los faculta a disponer de bosques de protección permanente. “Fui sorprendido y caí en un error”, dice Rojas Maldonado.

Según la partida de inscripción de la Asociación Agrícola & Forestal Campo Verde que figura en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, inscrita el 2 de junio de 2016, se especifica que la asociación se dedicará a “fomentar la producción y comercialización de arroz, así como de cereales”. Y líneas abajo indica que también se dedicará “al cultivo de palmas aceiteras, actividad pecuaria, agroforestal, social, deportivo y cultural, agroindustrial y otras actividades agrícolas afines y conexas”.  Es decir, esos bosques podrían convertirse en cualquier momento en grandes extensiones de arroz o de palma aceitera.

Mongabay Latam buscó conversar con Lucas Quiliche Durán, quien según la partida de SUNARP es el vicepresidente de la asociación, sin embargo, Quiliche Durán nunca atendió el teléfono.

También solicitó una entrevista al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para tratar sobre los problemas de invasiones y deforestación en bosques de producción permanente en la región Ucayali, pero hasta el cierre de esta edición SERFOR no atendió el pedido.

La tierra prometida

Los familiares de Orlando Murillo Mendoza, uno de los fallecidos, llegaron desde San Martín. En la casa de Pucallpa en la que me citan están sus hermanas Euralia y Maruja, su viuda Amalia Peña y su hija Estrella Murillo Peña. Con ellas me esperan Edgar Royser Tineo Sánchez, Juan Carlos Ruiz Burillo, José Castillo Segura —quienes se habían instalado en la zona en conflicto para tomar posesión de las tierras de Segundo Gamarra, por invitación de este— y Óscar Antonio Vásquez Vásquez, este último Coordinador Distrital de las Rondas Campesinas en Nueva Requena.

Euralia me dice que llegaron de Uchiza, departamento de San Martín, en busca de tierras para trabajar. José Castillo la interrumpe para explicar que fueron invitados por Segundo Gamarra, con el fin de ayudarlo a recuperar nuevamente los terrenos que le habían sido arrebatados. Llegaron hace cuatro meses —contaron— y se instalaron en la zona del conflicto.

“Nosotros hemos entrado a un proyecto de reversión de tierras —explicó José—. Somos 19 asociaciones reunidas en una federación de reversión de tierras. El fin es que se revierta los bosques de producción permanente para usarlos en agricultura, de esa forma, nosotros podremos tener constancia de posesión o título de propiedad”, aseguró Castillo quien mencionó que han formado la Asociación Bello Paraíso con un total de 60 personas para reclamar esta parte del bosque.

Nuevo Piura, centro poblado a orilla del río Aguaytía por donde se ingresa a la zona donde ocurrió la matanza el 1 de setiembre. | Fuente: Mongabay Latam | Foto: Yvette Sierra Praeli.

Un par de horas después, en su oficina, Isaac Huamán Pérez, director Regional de Agricultura de Ucayali, confirmó los planes que tiene para conseguir que por lo menos 300 000 hectáreas de bosques amazónicos de Ucayali, catalogados como BPP, dejen de serlo y se declaren aptos para la agricultura, la ganadería o la agroforestería.

La explicación que ofrece Huamán Pérez se sustenta en que antes de que el Estado definiera qué territorios amazónicos tenían que ser bosques de producción permanente, parte de estos ya estaban ocupados. Recuerda que en el año 2002 se delimitaron más de 3 millones 500 mil hectáreas de BPP en Ucayali. Por ello, su propuesta es que todas las hectáreas de BPP ocupadas antes del 2002 sean excluidas de esta categoría y se conviertan en tierras destinadas a la agricultura, ganadería o agroforestería. Es más, propone también que los bosques que han sido ocupados a partir del 2002 se entreguen en forma de concesión por al menos 40 años.

El propósito de ganarle terreno a los bosques parece estar coordinado. Por un lado, la propuesta para la reversión de bosques por parte de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) que, según Huamán, ya ha sido elevada al Gobierno Regional de Ucayali y debe ser enviada al Congreso de la República.

Por otro lado, la creación de la llamada Coordinadora Regional de Cuencas Afectadas por el BPP,  que de acuerdo a las propias palabras de Huamán, está siendo impulsada por su dirección. A ello se suman las asociaciones agrícolas y forestales de reciente creación como el caso de Campo Verde y Bello Paraíso.

Así como se presentan las cosas, en la región Ucayali se está planificando la desaparición de 300 000 hectáreas de bosques y son las mismas autoridades regionales las que están propiciando la invasión masiva de sus bosques.

“Si esta propuesta de ley avanza, las beneficiadas no serán estas seudo comunidades, sino quienes quieren apoderarse de los bosques ya sea para palma o para arroz o para lo que quieran. Ese es el peligro, nos van a destruir la selva”, dice con preocupación el consejero regional Rómulo Javier Bonilla Pomachari.

Para Bonilla, esta ha sido la causa de estas muertes, pues la gente, aunque tenga posesión ilegal, está protegiendo su bosque con la promesa de que los van a titular o recibir una concesión que luego podrán negociar en el lucrativo negocio de comercialización de terrenos.

Este esquema de acaparamiento de tierras se presenta bajo la intención de favorecer a pequeños agricultores, pero el propósito de fondo sería la apropiación de grandes extensiones de bosques. “Están impulsando el acaparamiento de tierras para las transnacionales. Al final quedarán en pocas manos”, asegura el consejero regional.

Entre el arroz y la palma

Visto así, la deforestación de la Amazonía sigue consolidándose en un territorio en el que los conflictos por usurpación y adquisición irregular de terrenos y deforestación de bosques vienen ocurriendo desde hace varios años.

Son conocidas las denuncias y los conflictos que desde el año 2012 ocurren con las dos empresas del estadounidense Dennis Melka: Plantaciones de Ucayali S.A.C., ahora Ocho Sur U S.A.C.;  y Plantaciones de Pucallpa S.A.C., actualmente Ocho Sur P S.A.C.

Vistas Históricas 2017 de plantaciones de palma aceitera de Plantaciones Ucayali (Ocho Sur U) y Plantaciones Pucallpa (Ocho Sur P). Fuente: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

Hasta el momento, estas empresas dedicadas al cultivo de palma aceitera se encuentran envueltas en procesos por la deforestación de al menos 13 000 hectáreas de bosques amazónicos en Ucayali y se han visto involucradas en una serie de procesos e investigaciones judiciales que corresponden a la presunta comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales maderables, entre otros.

“Las empresas de Dennis Melka tenían proyectado sembrar 80 000 hectáreas en la región, pero se han quedado con las plantaciones que tienen, aunque el tráfico de terreno se sigue dando y los monocultivos siguen avanzando”, sostuvo el consejero regional Bonilla Pomachari. “Hay muchas asociaciones fantasmas —agregó—. Forman comunidades campesinas para obtener tierras pero el propósito es vender a la empresa palmicultora”.

Vistas Históricas 2014 – 2016 de plantaciones de palma aceitera de Plantaciones Ucayali (Ocho Sur U) y Plantaciones Pucallpa (Ocho Sur P). Fuente: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

Y en medio de este escenario de enfrentamientos por el territorio amazónico surge un nuevo cultivo: el arroz. Aunque muchos temen que se trate de una fachada para que la palma siga su camino de devastación sobre la cobertura forestal del Perú.

El fiscal José Guzmán,  de la Primera Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de Pucallpa, señaló que quienes estaban en este territorio fueron tentados por las autoridades regionales de agricultura para que se titulen. “Este despacho ha comprobado que en Agricultura, en gabinete,  se parcelan los bosques”.

“Lo que se está investigando es si esto está vinculado con la empresa de palma, porque según los lugareños, las áreas son transformadas industrialmente con maquinaria. Todo indica que hay un modus operandi de la empresa de palma, pues como son bosques primarios y no les van a dar el cambio de uso, hacen estas simulaciones con personas que dicen hacer agricultura doméstica”.. Foto: Iván Flores.

Para el director regional de agricultura, lo que sucedió en Motelillo “es un problema entre dos mafias organizadas con intereses sobre un determinado territorio para instalar un tipo de cultivo que está en boga y es altamente rentable: el cultivo de arroz bajo riego”.

Percy Summers de Conservation International pone en duda que estas tierras sean destinadas a cultivos de arroz. “Veo difícil que se trate de arroz porque requiere mucha inversión y no va a ser tan rentable. Creo que detrás está la palma.Actualmente hay mucha demanda de palma en el mundo y es un cultivo muy rentable, mucho más que el arroz”.

Jorge Ulises Saldaña Bardales, vocero de las empresas Ocho Sur (Ocho Sur U S.A.C. y Ocho Sur P S.A.C.), desmiente categóricamente cualquier vinculación de la compañía con los hechos de violencia y con la adquisición de tierras en esa zona. En conversación telefónica mencionó que el territorio en disputa está ubicado a ocho kilómetros de una de sus plantaciones y que es una distancia muy grande en ese tipo de territorio, y a 40 kilómetros de la otra plantación del grupo.

El también exalcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo asegura que las empresas que representa no están comprando más tierras, que no tienen planes de expansión y que el territorio en disputa son terrenos inundables, por tanto, no son aptos para el cultivo de palma. En los hechos recientes dos elementos se mencionan de manera constante: primero, que las personas que se disputan los terrenos no son de Ucayali, sino que vienen principalmente de San Martín; y segundo, que estas tierras serían destinadas a cultivos de arroz.

En el camino de ingreso desde el distrito de Campo Verde hasta Bajo Rayal se pueden ver cultivos de arroz a ambos lados de la carretera, en zonas adyacentes al río. Pero también se observan plantaciones de coca.

Es más, mientras esperaba la balsa en el caserío Nuevo Piura, a orillas del río Aguaytía, las conversaciones giraban en torno a problemas de invasión de terrenos. Mientras compraba en una tienda me ofrecieron un terreno de 200 hectáreas, con título —dijeron—. Cuando llamé por teléfono a quien estaba a cargo de la venta mencionó que el precio era de 8000 a 10 000 soles por hectárea, es decir, dos millones de soles por las 200 hectáreas. La persona al otro lado de la línea indicó que se trataba de un terreno “altamente productivo, apto para el cultivo de arroz bajo riego y de cacao”. Añadió que terrenos sin trabajar los ofrecen por 6000 soles la hectárea.

Así están las cosas en Ucayali, con precios de terrenos que incitan a los enfrentamientos, las invasiones y hasta la muerte.

Tierra para todos

Tanto quienes trabajan en la zona donde ocurrieron los asesinatos como los familiares de los fallecidos en el sector de Motelillo son migrantes. Llegaron de otras regiones como San Martín y Cajamarca. Están en Ucayali en busca de tierras como ellos mismos confiesan y se asentaron en la zona por el ofrecimiento y la esperanza de que en algún momento se les entregue estos bosques.

Mencionan que los responsables de los asesinatos también son personas que no viven en Ucayali, sino que llegaron de otras regiones, principalmente de San Martín y de la costa norte peruana. Julio César Guzmán Mendoza, procurador público especializado en delitos ambientales, no descarta que este reciente hecho esté vinculado a la palma. Sin embargo, maneja dos posibilidades. La primera, que se trate de una seudoasociación supuestamente dedicada al cultivo de arroz cuyos integrantes saben que el territorio corresponde a un lugar estratégico y que una vez conseguido el terreno lo puedan ofertar a las grandes empresas de monocultivos, “en esa zona están pagando cinco mil soles por hectárea”, comentó.

La segunda opción es que la empresa de Dennis Melka haya organizado esta figura de apropiación de tierras, pues asegura “ha sido una de sus modalidades en Asia”. La formación de asociaciones es una modalidad. “En Malasia, las empresas de Melka utilizaron varios esquemas: comprar posesiones o sacar a la gente de sus terrenos; corromper funcionarios; conseguir grupos de posesionarios en papeles, de gente que ni sabía que figuraba ahí, y luego hacer ventas, una sobre otra, para quebrar vínculo de responsabilidad. Pero también constituyeron grupos armados que iban a presionar a la gente para que dejen sus terrenos”, explicó Guzmán.

Guzmán Mendoza cuestionó que más allá del reciente crimen, nadie esté preocupado por el contexto. ¿Qué está pasando con la tierra? debe ser la pregunta, dijo. “Lo sucedido, el asesinato, revela toda una situación de crimen alrededor de las tierras en la Amazonía y como se están apropiando de la selva. Es un caso de tráfico de tierras en la Amazonía. Las investigaciones deben llevar a conocer si estamos ante arroceros o no”, concluyó.

Final del camino  

En una asamblea improvisada, unos 15 agricultores y reforestadores de Bajo Rayal tratan de no hablar de las muertes. Sin embargo, confiesan que tienen temor de perder sus terrenos, más aún ahora que saben que parte de ellos también se ubican dentro de los límites del BPP. “No sabemos qué puede pasar, si nos quitaran las tierras”, comentó otro. De lo que están seguros es que no quieren vender sus tierras ni ser relacionados con los traficantes de terrenos.

En la moto lineal que me lleva de regreso de Bajo Rayal hasta Campo Verde, veo una vez más los cultivos de palma, de arroz, de coca, de papaya, los platanales. Me cruzo con una carretera que aún tiene inmensos árboles a ambos lados, una vía que parece haberse abierto hace muy poco, pero de la que nadie sabe nada.

Casi no hay carros que ingresen por esa ruta. Unas pocas motos lineales, más mototaxis y gente caminando de regreso de las chacras.  Son lugares de difícil acceso, sin servicio de teléfono, ni luz eléctrica, una vía llena de barro por la fuerte lluvia que ese día cayó durante casi dos horas. “La selva es un paraíso” acostumbra a decir la gente cuando ve fotos de la Amazonía peruana. Pero allá adentro, entre bosques destruidos y conflictos por la tierra, la vida en la selva no tiene nada de idílica.

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*Fuente: Mongabay Latam.

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