Necesitamos implementación de medidas preventivas para acabar con las violaciones sexuales

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Necesitamos implementación de medidas preventivas para acabar con las violaciones sexuales

Un dictamen de ley que modifica el Código Penal para sancionar con cadena perpetua y castración química a los violadores de menores de catorce años ha sido aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso de la República. Si bien es cierto que es necesario endurecer las sanciones para este tipo de delitos, es más urgente diseñar e implementar medidas efectivas de prevención.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cerca de catorce mil niñas y adolescentes de nueve a catorce años de edad han sido violadas en los últimos cinco años. La misma fuente señala que las niñas y adolescentes mujeres representan el 65% de los casos atendidos por violencia familiar y el 70% de las víctimas de violencia sexual en Perú.

Necesitamos un compromiso multisectorial del Estado para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Todo el personal del sector público y las entidades operadoras de justicia deben coordinar esfuerzos y abrir espacios para la participación de las organizaciones sociales. El MIMP, en particular, tiene la responsabilidad de vigilar que se cumpla en la práctica el enfoque de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todo el aparato estatal y de sensibilizar a la población contra la naturalización de la violencia. Y al Ministerio de Cultura le corresponde hacer lo propio respecto al enfoque intercultural para erradicar toda forma de discriminación basada en el origen étnico, que también es violencia.

En el caso de las niñas y adolescentes indígenas, sabemos que son numerosos los casos que no se reportan y la mayoría de ellos ocurre en las escuelas. La Defensoría del Pueblo ha denunciado el dramático caso de las UGEL de la provincia de Condorcanqui (región Amazonas), donde en cinco años se reportaron 216 casos de violencia sexual. Esta es una práctica terrible y es responsabilidad del Ministerio de Educación tomar acciones inmediatas para frenarla.

Es también responsabilidad del sector Educación incluir en el currículo escolar la enseñanza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y educar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No podemos seguir impasibles ante las altas cifras de embarazos adolescentes, muchos de ellos producto de violaciones, en nuestros pueblos indígenas.

Según el INEI, un 24% de las adolescentes que viven en zonas urbanas no logra concluir la secundaria y en las zonas rurales la cifra llega a 68%. El único referente étnico de estos datos de la última Encuesta Nacional de Hogares (Endes) es la lengua originaria: únicamente tres de cada diez adolescentes quechuahablantes logra culminar la secundaria. Y solo una de cada diez que habla una lengua amazónica culmina sus estudios.

En cuanto a la castración química, se trata de una medida controversial. Hay quienes la consideran una pena infamante, una mutilación y por tanto contraria a los derechos humanos. Lo cierto es que los violadores no son motivados exclusivamente por el deseo sexual, la violación es un ejercicio de poder contra una víctima vulnerable. En muchos casos, la imposibilidad de perpetrarla con los órganos sexuales hace que éstos sean reemplazados con objetos, ocasionando igual o mayor daño físico y psicológico.

El dictamen aprobado por el Congreso será sometido a segunda votación y muy probablemente sea aprobado. Urge emprender de inmediato acciones preventivas para erradican las violaciones sexuales contra menores, así como todos los tipos de violencias contra las mujeres.

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