Censos de comunidades confirman exclusión e inequidades

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Censos de comunidades confirman exclusión e inequidades

Foto: Internet

Los resultados del III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas, realizados entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2017, muestran de manera fehaciente las profundas inequidades en el acceso a servicios básicos como educación, salud, transporte y comunicaciones, entre muchas otras. Y, sobre todo, demandan acciones urgentes del Estado para cerrar estas injustas brechas.

El 19 de diciembre del año pasado, más de un año después de la realización de dichos censos, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) informó de los resultados ante el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad (CTIEE) del cual la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) forma parte. El empadronamiento comprendió 9,385 comunidades. De ellas, 2,703 nativas y 6,682 campesinas.

Las comunidades nativas declararon pertenecer a 44 pueblos indígenas, de los cuales el mayoritario fue el asháninka. En cuanto a las comunidades campesinas, declararon pertenecer a 20 pueblos indígenas, la mayoría, 3,646 comunidades, quechuas, seguidas por aymaras con 576 comunidades. Además, identificaron 19 lenguas originarias, la mayoría quechua y aymara.

Conflictos y brechas

Los conflictos por tierras que sufren las comunidades tienen como protagonistas a las actividades extractivas. Las comunidades nativas las tienen con empresas madereras, 7.3% con petroleras, 5% con mineras y 1.6% con mineros ilegales. En el caso de las comunidades campesinas, 11.6% con empresas mineras y 4.2% con mineros informales.

Por otro lado, la falta de acceso a la educación es gravísima. Aunque más del 90% de las comunidades dijo contar con alguna institución educativa, la gran mayoría solo es de nivel primario. La falta de oportunidades para la niñez, adolescencia y juventud de nuestras comunidades repercute en la migración y la pérdida de identidad, además de la pobreza y desempleo.

Entre las comunidades nativas, el 93.6% dijo contar con alguna institución educativa. El 74.1% con inicial, el 93.3% con primaria y 23.5% con secundaria. Educación técnica productiva 0.2% y técnico superior 0.1%. Por su parte, en las comunidades campesinas, el 95.2% declaró contar con institución educativa. De ellas, el 85.8% de inicial, el 91.3% de primaria y el 40.6% de secundaria. 2% de técnico productiva y 0.5% de técnico superior.

Las cifras referidas al acceso a la salud son también reveladoras ya que menos de la tercera parte de las comunidades nativas censadas, el 32%, tiene centro de salud. De ellos, apenas el 1.7% con internamiento. Entre las comunidades campesinas, el 48.5% dijo tener un establecimiento de salud. De ellas, solo el 3.5% con internamiento.

Un dato revelador en este tema es la conservación de los conocimientos y prácticas tradicionales. El 77.4% de las comunidades nativas usa la medicina tradicional, frente a 15.4% que usa medicamentos. De quienes usan la medicina tradicional, el 91.5% se cura con plantas medicinales. Y el 76.1% de las comunidades campesinas usa la medicina tradicional frente al 16.5% que usa solo medicamentos. La mayoría de quienes usan medicina tradicional, el 97.1%, lo hace con plantas medicinales.

El aislamiento de las comunidades es un factor determinante de la falta de acceso a los servicios básicos. De las comunidades nativas censadas, el 70.6% solo cuentan con la vía fluvial o lacustre para trasladarse a la capital distrital. Con respecto a las comunidades campesinas, el 45.7% tiene trocha o camino de herradura, 42.8% camino carrozable, 40.8% carretera afirmada y 13.3% carretera asfaltada.

La brecha digital es enorme. El 57% de las comunidades nativas carece de servicios de comunicación y un mínimo 6.7% tiene acceso a Internet. Entre las comunidades campesinas, el 27.6% tiene servicios de comunicación. De ellas, el 27.3% tiene acceso a Internet.

Desde ONAMIAP, alzamos nuestras bases para decir ¡basta de exclusión, basta de injusticias! Hablamos del ejercicio de derechos fundamentales que el Estado tiene la obligación de garantizar. Exigimos acciones coordinadas con nuestras organizaciones, ahora.

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