Mensaje presidencial, nueva arremetida contra derechos indígenas

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Mensaje presidencial, nueva arremetida contra derechos indígenas

El Presidente Martín Vizcarra concluyó su mensaje del 28 de julio con el anuncio de un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al año 2020. Un anuncio impactante que concentra la atención, desviándola de otras graves medidas anunciadas para consolidar el modelo neoliberalista del extractivismo, que no hace más que violar los derechos de los pueblos indígenas, así como de los trabajadores y trabajadoras.

Nos referimos, en particular, a un proyecto en preparación para una nueva Ley General de Minería y dos planes potencialmente peligrosos, el de productividad y competitividad y el de infraestructura. Pero no solo se trata de lo que dijo en el mensaje, también de las omisiones, como la titulación integral de nuestros territorios indígenas y el reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, deudas históricas del Estado peruano.

Concordamos en que la lucha contra la corrupción es indispensable para la gobernabilidad, pero toda medida será insuficiente si el modelo económico continúa privilegiando las actividades extractivas que violan nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, a quienes el Estado solo nos tiene como objetos decorativos y no como sujetos de derecho.

El actual modelo económico brinda todas las facilidades al sector privado para la extracción de nuestros recursos, abriendo las puertas a los negociados y coimas para el otorgamiento de concesiones inconsultas.

Con el antecedente de los sucesivos paquetazos territoriales y ambientales, y bajo el marco de la política y el plan de competitividad y productividad, una nueva Ley de Minería no puede sino significar mayores «incentivos para la inversión»; es decir una mayor flexibilización de los estándares y la institucionalidad ambientales, más trampas para evadir las consultas previas o implementarlas sin ajustarse a los estándares internacionales, y más despojo de nuestros territorios indígenas.

El gobierno no pretende que este proyecto sea consultado a los pueblos indígenas, que somos los directamente afectados, mientras que la consulta legislativa sigue sin implementarse. ¿A costa de qué el presidente Vizcarra pretende lograr la meta de crear un país supuestamente competitivo, productivo y sostenible?

Hay que ser claros en decir que un país no es competitivo sobre la base de continua dando grandes beneficios a una sola actividad; en este caso, el extractivismo. Ya está demostrado que este modelo de desarrollo no genera empleo sostenible, perjudica el ambiente, y viola nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas a ser consultados y a decidir sobre nuestras prioridades de desarrollo, que son la agricultura, la ganadería y la artesanía.

El Perú no será un país sostenible si se reduce el gasto ambiental del Estado frente a los pasivos ambientales dejados por las actividades extractivas y la promoción de la «puesta en valor» de los recursos naturales para dinamizar la economía.

Sobre el mismo tema del extractivismo, hubo un silencio absoluto en el mensaje presidencial acerca de la reparación de pasivos ambientales de la minería e hidrocarburos, los derrames petroleros y los miles de afectados por metales pesados, cuyo 80% son niños y niñas.

El plan nacional de infraestructura comprende la construcción de carreteras en las regiones. ¿Cuántos de nuestros territorios y bosques serán afectados? Y con la trampa introducida en las normas de consulta, basta con declarar esos proyectos como «servicios públicos» para exonerarlos de la consulta previa. Además, la apertura de carreteras no es para beneficio de los pueblos, ni siquiera busca articularlos, sino facilitar la salida de nuestros recursos a los mercados internacionales. Ello significa más beneficios para las empresas.

Nos preocupa la aprobación de un plan nacional de infraestructura, que supuestamente está orientado a cerrar brechas y con un foco de corredores logísticos. ¿Dónde queda nuestro derecho a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado en todas las medidas que nos afectan?

Cada vez que el gobierno nos despoja de nuestros territorios, dice que es «de interés nacional». Y solo consolida el poder de las grandes empresas, pisoteando nuestros derechos y despojándonos de nuestros territorios ancestrales. Nosotros estamos aquí desde antes de la fundación del Estado. Pero el gobierno de Vizcarra solo nos mira y usa como objeto de decoración. Esto pasó en la inauguración de los Panamericanos 2019, donde estuvimos presentes para que el Gobierno se luzca mostrando la diversidad del país, pero no hay decisión política para que los pueblos indígenas, que representamos esa diversidad de conocimientos, tejidos, comida y música, seamos considerados como sujetos plenos de derechos.

Vizcarra anunció, además, la titulación de un millón de predios individuales en cinco años, incluidos doscientos mil el 2020. Nada acerca de la titulación de nuestras comunidades, porque la seguridad jurídica de nuestros territorios es adversa al modelo económico. En cambio, la criminalización y la represión son inherentes a él.

Hay otros temas como la violencia contra la mujer, con silencio acerca de las mujeres indígenas, o el aseguramiento universal en salud, que también merecen analizarse con lupa. Sin embargo, nuestra tarea urgente es frenar el avance a sangre y fuego de las actividades extractivas y los megaproyectos de infraestructura. Ya es hora de que el gobierno de Vizcarra asuma que no puede ponderar nuestros derechos humanos colectivos e individuales con los intereses del empresariado.

A puertas de llegar al Bicentenario, los pueblos indígenas esperamos que el gobierno promueva la nulidad de todos los megaproyectos extractivos y de infraestructura dentro de nuestros territorios indígenas que no fueron consultados y no respetaron nuestro consentimiento previo, libre e informado. También, esperamos que adecúe la Ley de la Consulta, su Reglamento y sus procedimientos, a los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y que se comprometa a proteger a quienes enfrentamos violencia por defender nuestros territorios.

Basta de más «parches» a la constitución fujimorista, basta de neoliberalismo extractivista y vulneración de derechos. La única salida en defensa de la vida y de los derechos es la refundación del Estado, con una nueva Constitución Política pluralista y construida desde las bases, con la más amplia participación de todos los movimientos sociales, los pueblos indígenas y nuestras organizaciones.

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