A doce años de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

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A doce años de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

13 septiembre, 2019, Por , En Derechos,Incidencia,ONAMIAP al día,

A 12 años de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Dnupi), exigimos al Estado que resuelva nuestras demandas históricas y adecúe todas sus políticas, planes, leyes y normas en general a los instrumentos internacionales que son de obligatorio cumplimiento para la protección de nuestros derechos como pueblos y como mujeres indígenas.

¿Cuánto hemos avanzado en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? A doce años de su adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, evidenciamos la enorme brecha entre las leyes y la realidad.

La Dnudpi es el resultado de una larga lucha del movimiento indígena internacional frente a las duras resistencias de los Estados para reconocer y proteger nuestros derechos conquistados gracias al sacrificio de nuestras y nuestros ancestros. Hasta antes de que se aprobase la Dnudpi aunque existían diversos espacios relacionados con los pueblos indígenas, el único instrumento internacional vinculante era el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y es en este día, que nosotras debemos recordar que la Declaración es obligatoria fuente de interpretación como parte del derecho consuetudinario internacional y, por tanto, los Estados deben respetarla y cumplirla.

Uno de los aportes más importantes de la Dnudpi es el derecho a la libre determinación; es decir, el que nuestros pueblos decidamos sobre nuestro propio modelo de desarrollo sin interferencia del Estado ni de terceros. Esto incluye el elegir nuestras propias autoridades y sistema de gobierno; el decidir sobre nuestras principales actividades económicas basadas en la agricultura, ganadería, artesanía, turismo, entre otros; el determinar libremente sobre los programas de salud y educación; entre otros.
Otro aspecto destacable es la mención específica a la obligación de los Estados de aplicar los derechos de los pueblos indígenas sin discriminación entre hombres y mujeres, e incluso de prestar especial atención a la situación de las mujeres indígenas.
Lamentablemente, en nuestro país, el gobierno peruano no cumple y continúa vulnerando los derechos de quienes representamos más de la cuarta parte de la población total, de acuerdo a la información de los Censos Nacionales 2017. Ello se evidencia en la priorización del crecimiento económico basado en las actividades extractivas sobre los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas.
A doce años de la Dnupi, los pueblos indígenas no contamos con una institucionalidad estatal para pueblos indígenas; el gobierno realiza procesos de consulta previa que no se ajustan a los estándares internacionales, y promueve mecanismos legales que atentan contra nuestros derechos y nos imponen un modelo de desarrollo que no se ajusta a nuestros modos y formas de vida: libre determinación. Tampoco existe una Política Nacional para garantizar la seguridad jurídica de nuestros territorios ancestrales; y por el contrario, criminalizan a nuestras defensoras y defensores. Pese a ser un mandato constitucional, no se discute la Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, no solo subyugando la justicia especial indígena a la ordinaria sino además criminalizando su ejercicio.
En cuanto a los derechos de las mujeres indígenas, tenemos una escasa participación en los procesos de consulta y espacios de diálogo con el Estado; no tenemos acceso a la justicia en casos de violencia; aún existen muchas brechas en cuanto a salud y educación. Las mujeres indígenas no podemos acceder a espacios de toma de decisiones en nuestras comunidades y organizaciones; y menos a puestos de poder y decisión, ya que las cuotas de género y etnicidad no funcionan.
A 12 años de la Dnupi, exigimos al Estado que resuelva nuestras demandas históricas y adecúe todas sus políticas, planes, leyes y normas en general a los instrumentos internacionales que protegen nuestros derechos como pueblos y como mujeres indígenas. Y que también cierre de manera definitiva, en diálogo con nuestras organizaciones representativas, las abismales brechas entre las normas y la realidad.

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