Coronavirus en un país de desigualdad

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Coronavirus en un país de desigualdad

20 marzo, 2020, Por , En Incidencia,ONAMIAP al día,

Es ahora que el Estado peruano debe enfrentar la desigualdad normalizada entre la clase privilegiada y los más vulnerables, quienes diariamente nos enfrentamos a la indiferencia de un Gobierno que se niega a atender a nuestras niñas y niños contaminados por las actividades extractivas, nos tacha de antidesarrollo por defender nuestras lagunas, nos exhorta a lavarnos las manos continuamente pero se olvida que no tenemos acceso a una red de agua y hoy promete darnos un bono de 380 soles, como paliativo temporal para pasar esta pandemia pero que luego se olvidará de nosotros, como la hecho durante casi 200 años.

Hace unas semanas, el coronavirus llegó a nuestra América y, a la fecha, en Perú ya son 263 las personas infectadas y 4 fallecidas. El domingo 15 de marzo, el presidente Vizcarra decretó Estado de Emergencia de 15 días con aislamiento social obligatorio y, luego, toque de queda de 8 pm a 5 am. En medio de la crisis, el Ejecutivo viene ofreciendo diariamente conferencias de prensa para informarnos sobre la situación nacional y las medidas que vienen implementando para frenar la pandemia. Y es en este contexto, donde finalmente la Agenda 2030, como llamado de Naciones Unidas para poner fin a la pobreza a nivel mundial, parece ser solo una utopía, pues en Perú el coronavirus nos ha mostrado claramente las injusticias sociales que hay en el país, donde las mujeres y los pueblos indígenas somos vulnerables.

Una vez que pase la pandemia, ¿qué pasará con quienes siempre hemos sido invisibles para este país? ¿Hasta cuándo seguiremos normalizando las injusticias sociales y aceptando los discursos de que una es pobre porque quiere y que si salimos a trabajar en cuarentena es porque somos irresponsable?

Ni bien se detectó el paciente cero de coronavirus, el Gobierno tomó medidas urgentes para detener el avance de un virus que fue traído desde Europa. El país enteró aplaudió sus medidas “preventivas”. Paradójicamente, es el mismo gobierno no hizo ni hace nada para frenar el dengue, que ya supera los 14 mil casos y más de 25 muertos.  Vivimos la peor pandemia de dengue, pero, claro, esta es una enfermedad de pobres. Y, por eso, el Gobierno sigue sin priorizar el sistema de salud fuera de las grandes ciudades.

Para el año 2030, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se propuso garantizar una vida saludable, como medida para que nadie se quede atrás. Sin embargo, recién gracias al coronavirus, el gobierno se ha visto la necesidad de priorizar el sector salud, que durante siglos fue ignorado. Según cifras del Banco Mundial, el Perú, hasta el año pasado, registró un gasto público per cápita por debajo del promedio de América Latina. Actualmente, el presupuesto del sector Salud para el año 2020 asciende a 18 mil 495 millones de soles, el cual representa el 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿Es esa la forma en la que se pretende garantizar una vida saludable para los peruanos? Paradójicamente, este año fue denominado “Año de la universalización de la salud”.

La llegada del coronavirus hizo que el gobierno, hace cinco días, desembolsara 100 millones de soles para el Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. Sin embargo, fue este mismo gobierno el que le dijo a los padres de los niños y niñas contaminadas por metales pesados de Pasco “no hay presupuesto”. El problema de Pasco no es nuevo. Son años de lucha por la salud de nuestros hijos y con lo único que nos hemos topado ha sido con la negativa del Estado de atendernos.

Saludamos el desembolso de Vizcarra en tiempos del coronavirus, pero también queremos recordarle a Vizcarra y a todo su gabinete que de nada sirve esta medida si más de 7 millones de peruanos/as no contamos con agua potable.

El derecho humano al agua sigue siendo utopía para miles de peruanos/as. Actualmente, solo el 67.3% de los pueblos indígenas accedemos a una red de agua, casi 20 puntos menos que la población no indígena. ¿Cómo podremos lavarnos las manos continuamente para protegernos del coronavirus si es que el Estado sigue sin garantizarnos acceso al agua potable?

Los hospitales, postas y centros de salud también son escasos. En las zonas alejadas de las capitales los pocos que existen carecen de personal, equipos, medicinas. Y en la mayoría está totalmente ausente el enfoque intercultural.

En este país, ir al doctor es un privilegio. ¿Por qué? Porque la salud sigue siendo un negocio y no un derecho humano. Es por ello que la prueba de descarte de coronavirus estaba siendo ofrecida por clínicas a 1700 soles, equivalente a casi dos salarios mínimos.

El coronavirus empezó a propagarse por el país. Y fue el sistema de salud pública el que se ha hecho cargo de todos los gastos del coronavirus, mientras el sistema privado de salud sigue lucrando. Quizás esta pandemia nos permita repensar la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la salud de todos los peruanos y peruanas, especialmente de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y de que asuma el control de todo el sistema de salud en situaciones de emergencias sanitarias, como el coronavirus, el dengue, la salud de nuestros hijos contaminados por las actividades extractivas.

Las medidas de emergencia deben ser iguales para todos y todas. Sin embargo, como organización nacional representativa de las mujeres y los pueblos indígenas, tenemos conocimiento de denuncias sobre el ingreso de 17 personas sin protección alguna a la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios. ¿No es acaso que la inamovilidad rige para todos? El decreto de Estado de Emergencia no debe servir como justificación para la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Con o sin cuarentena, el Estado está en la obligación de respetar nuestra autonomía y libre determinación frente al ingreso no autorizado de terceros.

Las actividades extractivas continúan y también agrandan el peligro de contagio. Prueba de ello es que el 18 de marzo, en plena medida de “aislamiento social obligatorio” se dio un derrame de petróleo en Piura. Y es que claro, la cuarentena nacional no se aplica en el desarrollo de las actividades extractivas, a pesar de que estas se realizan dentro de nuestros territorios ancestrales. Y por ende, existe el riesgo de que se pueda propagar el virus en nuestros pueblos.

Es indispensable que el gobierno garantice las medidas de prevención y atención a nuestros pueblos indígenas, pero sin imposición, con respeto a nuestra autonomía y libre determinación. Urge diseñar un protocolo específico de atención, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, para prevenir todo tipo de impactos, como la imparable alza del costo de vida y la especulación de productos de primera necesidad. Hay que controlar a los comerciantes que se están aprovechando de esta crisis.

Los grandes monopolios evaden su responsabilidad y dejan todo en manos del Estado.  A los laboratorios privados no les interesa elaborar y distribuir vacunas y medicamentos contra el coronavirus porque eso no es negocio para ellos.

Lo mismo ocurre con los medios masivos de comunicación. Saludamos a las instituciones que han difundido medidas de prevención en lenguas originarias, como la Defensoría del Pueblo, y a los medios estatales que tienen programas en nuestros idiomas, aunque no en las 47 reconocidas. Pero también nos preguntamos qué tan difundidos pueden ser estos spots radiales si es que los medios de comunicación no se comprometen a difundirlos, pues, finalmente, el acceso a internet (que es donde se encuentra almacenado) es limitado o nulo en nuestros pueblos.

Es ahora que el Estado debe asumir su responsabilidad de acortar las brechas de desigualdad, donde somos nosotras quienes diariamente nos enfrentamos a la indiferencia de un Gobierno que se niega a atender a nuestras niñas y niños contaminados por las actividades extractivas, nos tacha de antidesarrollo por defender nuestras lagunas, nos exhorta a lavarnos las manos continuamente pero se olvida que no tenemos acceso a una red de agua y hoy promete darnos un bono de 380 soles, como paliativo temporal para pasar esta pandemia pero que luego se olvidará de nosotros, como la hecho durante casi 200 años.

One Comment so far:

  1. Luisa Nancy Velásquez OBrien dice:

    La economía extractivista atenta contra el medio ambiente, y especialmente contra los habitantes de las comunidades indígenas, contra su supervivencia, siendo ellos los verdaderos dueños de estas tierras. Esta carta debe de difundirse para que su voz sea escuchada. Estamos con Uds. y contra el maltrato de que son objeto de parte del gobierno de Martín Vizcarra. .

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