La cuarentena sí tiene favoritos

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La cuarentena sí tiene favoritos

A 27 días de haberse decretado el estado de emergencia, el Gobierno peruano viene otorgando beneficios tributarios y financieros al sector privado, dejando de lado a los más vulnerables, como somos los pueblos y las mujeres indígenas. Pese a ello, las grandes empresas piden más privilegios, lo cual aumenta las desigualdades sociales y pone en riesgo la salud de nuestros pueblos indígenas a favor de una actividad económica, como el extractivismo.

Fotos: Grupo El Comercio y Confenaie.

El 8 de abril, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) envió una carta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solicitando la acumulación de riquezas por parte de unas pocas personas que realmente nunca generaron beneficios en el pueblo. Y hoy, en tiempos de emergencia global, quienes estamos en la base de la pirámide asumimos los costos que implica mitigar la propagación del coronavirus, mientras las grandes empresas exigen beneficios tributarios y financieros.

Es decir, privilegios para los más ricos y olvido de los más vulnerables, como somos los pueblos y las mujeres indígenas. Cumplimos la cuarentena, pero la prevención y la atención no llega a nuestras comunidades. Por ello, “a 26 días de haberse decretado el estado de emergencia, alertamos al Estado que las medidas sanitarias deben acompañarse de políticas de salud como derecho humano de todas las personas y de los pueblos indígenas”, señaló la presidenta de ONAMIAP, Melania Canales Poma.

En el caso de los pueblos indígenas, el derecho a la salud debe ir acompañado de los enfoques de derechos, interculturalidad y género. “Los gobiernos se han dado cuenta de que no es fácil recomendar las medidas de prevención del coronavirus, porque no todos pueden lavarse las manos, acceder al alcohol o quedarse en casa sin trabajar”, advirtió la presidenta de ONAMIAP.

Mientras tanto, con la pandemia, unos pocos siguen enriqueciéndose y se abren más las brechas estructurales. El gobierno del Perú dijo que se mantendrían actividades económicas esenciales, como el abastecimiento de alimentos y medicinas. Y los comerciantes aprovechan el temor de la gente para acaparar alimentos básicos y especular con los precios. Las grandes cadenas de farmacias y los supermercados más poderosos se enriquecen con la pandemia. Como lo hacen los grupos económicos como Alicorp y Gloria. Los integrantes de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) también mantienen sus operaciones.

¿Son el petróleo y la minería actividades esenciales? No. Y su presencia pone en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas en cuyos territorios operan. Sin embargo, el gobierno ha autorizado a las empresas mineras y a las productoras de combustibles seguir realizando sus “operaciones más críticas”. ¿Alguien supervisa lo que esas empresas entienden por “operaciones más críticas”? A la fecha, ya hay tres casos de trabajadores mineros infectados por el coronavirus: Tinka Resources, Cerro Verde y Antamina. Y esto es lo que realmente nos preocupa, que sean ellos quienes nos contagien.

Tanto Southern, que opera en Moquegua y Tacna, como Las Bambas (Apurímac), han señalado que están «implementando las medidas necesarias para garantizar el sostenimiento de las operaciones críticas, así como el restablecimiento de las operaciones a niveles normales pasada la emergencia». 

En el caso de las actividades petroleras, multiplican el riesgo principalmente para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Así quedó constatado el 8 de abril con los nuevos derrames de petróleo en Ecuador: el consorcio Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y PetroEcuador ocasionaron un nuevo daño ambiental en el río Coca, afectando a la comunidad Kichwa de Panduyaku y al río Napo (Perú y Ecuador). En medio de esta crisis sanitaria, más de 97 mil personas que viven en los cantones Francisco de Orellana y Aguarico se han quedado sin servicio de agua potable, debido a la suspensión de la captación de agua de los ríos Coca y Napo. 

No les basta:  en el Perú, a la postergación de las obligaciones tributarias hasta junio, quieren agregar también la suspensión del pago de regalías por noventa días, precisamente cuando los municipios más lo necesitan. Así lo ha solicitado la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. 

Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) ha pedido que el gobierno amplíe los beneficios tributarios otorgados a las pequeñas y medianas empresas para las más grandes. Es decir, como la propia SIN ha reconocido, a esas 18 mil empresas, de un universo de dos millones, que concentran el 80% de los ingresos del sector privado en el Perú. Y ha advertido que “nosotros debemos mantener a los trabajadores, pero también ver el tema de caja”. 

Esto coincide con la solicitud empresarial de mayor flexibilidad para despedir. Ya lo están haciendo algunas empresas, como la cadena de exhibición Cineplanet, que despidió a un centenar de trabajadores, alegando que el fin de sus contratos coincidió con el inicio de las medidas de emergencia.  Y la pizzería Mamma Tomato, que está despidiendo a su personal que labora con recibos por honorarios y que representa el 90% del total de sus trabajadores.

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional también ha demandado apoyo al Estado peruano enfrentar el cese de ingresos por la paralización de los vuelos debido al cierre de fronteras. LATAM Perú ha pedido a sus trabajadores que reduzcan “voluntariamente” sus sueldos en 50%. El gobierno ya ha otorgado un subsidio del 35% del salario para los trabajadores que cobran hasta 1500 soles. ¿Y qué aporta el sector privado en esta situación de emergencia?

Mientras muchos viven con un dólar al día, estas grandes empresas quieren seguir acumulando riquezas en medio de esta emergencia global. Y es que históricamente lo han hecho. Ellos, junto con los gobiernos de turno, normalizan el problema estructural: las desigualdades sociales. Basta de aceptar la falta de servicios básicos de calidad, la precariedad de las infraestructuras públicas de agua y la casi inexistente seguridad jurídica de nuestros territorios ancestrales.

En tiempos de cuarentena la agricultura familiar es lo que ha permitido que nuestros pueblos puedan subsistir. Y es la que también permite llevar los alimentos a más del 80% de las mesas de todos los peruanos y peruanas. Es un sector que trabaja por cuenta propia, sin ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué espera el gobierno para empezar a fortalecer el desarrollo económico local? La soberanía y la seguridad alimentarias no están en la agenda del gobierno. Las comunidades podemos sobrevivir con nuestra agricultura y crianza de animales, las canastas de alimentos que se distribuyen contienen productos ajenos a nuestras prácticas de consumo y necesidades de nutrición.

Hoy más que nunca es necesario que las acciones del gobierno para frenar los impactos del coronavirus realmente protejan a todos los peruanos y las peruanas. Y no se puede poner en riesgo la salud de nuestros pueblos indígenas por favorecer la continuidad de una actividad económica, como el extractivismo. La salud es un derecho y el Estado debe otorgar todas las garantías para ejercerlo.

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