Urge debate en el Pleno sobre moción para crear Comisión Multisectorial que atienda emergencia de COVID-19 en pueblos indígenas

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Urge debate en el Pleno sobre moción para crear Comisión Multisectorial que atienda emergencia de COVID-19 en pueblos indígenas

21 mayo, 2020, Por , En ONAMIAP al día,

Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), hacemos un llamado al presidente del Congreso que incluya en la Agenda del Pleno de este viernes 22 de mayo la moción de orden para crear Comisión Multisectorial que atienda la emergencia sanitaria del COVID-19 en los pueblos indígenas.

Este viernes 22 de mayo, se llevará a cabo el Pleno, máxima asamblea deliberativa del Congreso, donde se debatirán y aprobarán proyectos de ley legislativos prioritarios para el país. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología ha pedido que se incluya en la agenda de este viernes el debate de sobre la moción de orden que solicita al gobierno constituir una Comisión Multisectorial que elabore y fiscalice el cumplimiento de las medidas para proteger la vida e integridad de los pueblos indígenas frente a la pandemia del coronavirus. Y es que, hasta el día de hoy, la respuesta del Gobierno para atender a nuestras comunidades ha sido débil, tardía, descoordinada y discriminatoria.

Muestra de ello, es que los registros oficiales de infectados y fallecidos por coronavirus siguen sin incluir la variable étnica. Ello, a pesar de que esta ha sido una de las primeras solicitudes que las organizaciones indígenas hicimos cuando se inició la Emergencia Sanitaria. Es decir, hace más de 65 días. Hace unos días, tanto el Ministro de Salud como la Ministra de Cultura, dijeron que incluirían la variable étnica. Nosotras le preguntamos: ¿Cuándo? Sumado a ello, está el Decreto Legislativo 1489, publicado hace 10 días, con el objetivo de “establecer acciones para la protección de los pueblos indígenas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”. Se trata de una norma impulsada por el Ministerio de Cultura, como ente rector en materia indígena del Ejecutivo, que recién salió 55 días después de que se declarara Estado de Emergencia por el coronavirus. El decreto no fue consultado con las organizaciones indígenas, sino que se construyó a puertas cerradas, sin la participación de las organizaciones indígenas. Tampoco recoge nuestras propuestas y no explica, finalmente, cuáles son sus estrategias. Solo son generalidades.

Ya pasaron diez días desde que salió el Decreto y el Ministerio de Cultura no ha presentado las disposiciones complementarias para su aplicación. ¿Qué está esperando?

El coronavirus ya llegó a nuestros territorios. Y está asesinando a hermanos y hermanas, por no recibir una atención en salud oportuna. La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), denunció que, hasta la fecha, han fallecido 45 indígenas Shipibo Konibo en Ucayali. En la frontera de Brasil, Colombia y Perú se ha reportado la muerte de 7 hermanos tikunas, por coronavirus. Anchonga (Huancavelica), el distrito más pobre del país, ya registra casos de coronavirus en su territorio. Y en Lima, la comunidad shipiba de Cantagallo tiene 476 infectados; es decir, el 72% de los que fueron muestreados. Esta comunidad, ubicada en el centro de Lima, ha sido aislada totalmente, mientras sobreviven a esta cuarentena sin contar con servicios básicos.

Por todo ello, vemos urgente que se incluya en la Agenda del Pleno de este viernes la moción de orden para crear Comisión Multisectorial que atienda la emergencia sanitaria del COVID-19 en los pueblos indígenas. Esta es una propuesta que ONAMIAP viene solicitando al Ejecutivo desde hace más de 60 días, y que ha sido recogida por el presidente de la Comisión de Pueblos, el congresista Lenin Bazán. En ese sentido, hacemos un llamado al presidente del Congreso para que incluya esta moción de orden, pues se trata de salvar vidas, vidas de hermanos y hermanas indígenas que siguen sin ser atendidos por el gobierno. Por ello, también exigimos una investigación inmediata y exhaustiva de la Ministra de Cultura y Viceministra de Interculturalidad, por no garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas con una política de prevención y atención diferenciada, lo que puede provocar un etnocidio.

¿Por qué nos preocupa el Decreto Legislativo 1489?

Una de las primeras observaciones es que el Decreto no fue consultado. Y paradójicamente menciona la obligación de incluir la participación indígena. Tampoco ofrece directrices para fomentar dicha participación en niveles subnacionales, ni en el Comando COVID, ni en nada.

Lo que en realidad vemos es una lista de las competencias generales del Estado para atender a los pueblos indígenas que ya existían antes de que se diera la pandemia. Un listado que solo se centra en la Amazonía, y olvida que los pueblos indígenas también nos organizamos en comunidades y rondas campesinas, y de que muchos vivimos en las ciudades y hoy somos desplazados por el coronavirus. 

El Decreto menciona que el gobierno desarrollará cinco líneas de acción estratégica para atender a los pueblos indígenas: respuesta sanitaria, control territorial, abastecimiento de bienes, información y alerta temprana, y protección de los pueblos en aislamiento. Estas acciones no dicen nada nuevo ni representan estrategias, pues solo se explica de qué trata cada una, pero no define encargados, ni señala cómo se desarrollarán estas líneas de acción.

La norma tampoco señala como una de sus finalidades la de cumplir con el derecho colectivo a la salud de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. Es decir, que los servicios sean planeados y administrados con los pueblos, ni proporcionar a los pueblos indígenas los medios para organizar y prestar estos servicios.

Respecto del control territorial, es sumamente preocupante que se señale que sus encargados sean la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa entonces con el respeto hacia la jurisdicción indígena? Los pueblos indígenas ejercemos control territorial en nuestras comunidades. Y somos quienes, en base a nuestro derecho a la libre determinación, hemos decidido cerrar nuestras fronteras, para impedir la llegada del virus a nuestros territorios. El estado debe promover que la policía y los militares coordinen con nuestras comunidades el control territorial.

El abastecimiento de bienes debe hacerse respetando nuestro derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, y fortaleciendo nuestras economías locales.  Para ello, las organizaciones indígenas hemos enviado al Estado protocolos y propuestas. Pero nada de ello, se ha considerado. Y solo se señala que quien identificará las localidades es el Ministerio de Cultura. ¿Dónde está el trabajo coordinado y respetuoso de los derechos indígenas?

Respecto a la acción de información y alerta temprana que señala la norma, es necesario que se considere la variable étnica en los registros de infectados y fallecidos por coronavirus. Si bien es cierto que el Gobierno declaró públicamente que se haría ello, hasta la fecha sigue sin considerarse esta variable. Sin información desagregada sobre los pueblos indígenas es imposible crear políticas públicas diferenciadas y que realmente atiendan a nuestra realidad.

Respecto de la protección a los pueblos en aislamiento, la suspensión de actividades en reservas indígenas no es nueva, pues ya había quedado suspendida con el Estado de Emergencia, pero paradójicamente se anula con la reactivación económica. Y las actividades extractivas, que el gobierno ha priorizado reiniciar, también se dan cerca de zonas donde se ubican los PIACI.

La norma señala que el presupuesto para atender a los pueblos indígenas es de 5 millones de soles, que el Ministerio Cultura debe solicitar del fondo de contingencia de la Ley General de Presupuesto para el 2020. Y aquí nos preguntamos, ¿es ese fondo suficiente para atender a un 25% de la población peruana que, según el último censo, nos autoidentificamos como indígenas? No. Somos más de 6 millones de indígenas. Y este presupuesto equivale a menos de un sol por cada uno de nosotros. ¿Es eso lo que vale la vida de un indígena para el gobierno?

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