Las mujeres y pueblos indígenas seguiremos luchando por la ratificación del Acuerdo de Escazú

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Las mujeres y pueblos indígenas seguiremos luchando por la ratificación del Acuerdo de Escazú

Hoy se cumple un mes desde que el Congreso archivó este tratado internacional que respalda el acceso a la información, la transparencia y la justicia en materia ambiental.

A un mes de que el Congreso peruano archivara el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, las mujeres indígenas andinas y amazónicas continuamos en pie de lucha contra este sistema que nos despoja de nuestros territorios ancestrales, fomenta diversas políticas que nos violentan y criminalizan, y depredan a la Madre Naturaleza.

Nueve congresistas votaron a favor del archivamiento del Acuerdo de Escazú, fueron los representantes de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, UPP, APP, Frepap y Podemos, mientras que otros tres votaron por su ratificación (Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú). Como resultado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó el Acuerdo de Escazú y bloqueó la posibilidad de que el Perú se una a la lista de los países de Latinoamérica y el Caribe que han ratificado este importante tratado internacional, el cual respalda el acceso a la información, la transparencia y la justicia en materia ambiental.

Pese a las labores de incidencia que las organizaciones nacionales indígenas, colectivos juveniles, ONG y otros grupos de sociedad civil llevamos a cabo para la ratificación del Acuerdo de Escazú desde su firma en el 2018, la mencionada Comisión le dio la espalda al pedido ciudadano por la ratificación y con esto negó la protección de los defensores y las defensoras de derechos colectivos e individuales, quienes los defendemos incluso a costa de nuestras propias vidas.

Recordemos que en los últimos cuatro años se ha asesinado a 400 personas por proteger sus territorios y la Defensoría del Pueblo ya había informado en 2019 que más del 65% de los conflictos en el país son de carácter socioambiental, es decir, causados por la invasión de los madereros, mineros, hidrocarburos, monocultivos etc. Estas cifras son una vergüenza y el Estado, en lugar de protegernos, nos criminaliza y asesina. O se hace cómplice de las mafias ilegales con su inacción frente a ellas.

Es destacable que plataformas como Escazú Ahora y Escazú Joven, que congregan una gran cantidad de colectivos, organizaciones y movimientos en las regiones del país, aumentaron exponencialmente los últimos meses. Pero también lo hicieron grupos que se oponían al acuerdo. No nos sorprende que varios de ellos estén involucrados con gremios económicos como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), así como la Sociedad Nacional de Pesquería y otras similares. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué se oponen con tanto afán a que haya mayor transparencia e información respecto a lo ambiental?

Argumentos como la pérdida de soberanía nacional se desmienten en el Artículo 3 del mismo acuerdo, así como otros mitos que han sido desmantelados por organizaciones ambientales especializadas. Incluso instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, y el Poder Judicial han expresado su respaldo a la ratificación. Lo cierto es que los grandes empresarios imponen su agenda, cuyo objetivo central es la acumulación de capitales a costa de la vida, la depredación de la Madre Naturaleza y los derechos humanos colectivos e individuales.

Seguiremos luchando

Frente a la actual crisis política, social y de salud que atraviesa nuestro país, expresamos nuestra preocupación no sólo por la denominada “reactivación económica” que vulnera todo tipo de derechos, encubre y agudiza la impunidad la corrupción, sino también por partidos políticos con representación en el Congreso y autoridades estatales que defienden los intereses de las élites económicas del país y dan carta abierta a proyectos extractivos y de infraestructura que fomentan el despojo de nuestros territorios ancestrales.

Desde ONAMIAP seguiremos exigiendo la garantía de nuestros derechos individuales y colectivos y uniendo fuerzas con las organizaciones y plataformas de la sociedad civil para que el próximo año el nuevo Congreso rescate del archivo el Acuerdo de Escazú, lo coloque en agenda para el debate en el Pleno y, finalmente, lo ratifique para que pueda entrar en vigor en el Perú.

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