Actividades extractivas vulneran nuestros derechos colectivos

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Actividades extractivas vulneran nuestros derechos colectivos

El 11 de diciembre del 2020, se presentó, de forma virtual, la plataforma “Derechos colectivos vulnerados”, en la cual el equipo de Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) analizó basándose en cartografía los conflictos socioambientales ocasionados por proyectos principalmente extractivos, así como la defensa territorial desde los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales. En total, se analizaron 102 casos de seis países de Latinoamérica: Guatemala, Honduras, México, Brasil, Colombia y Perú.

En Sudamérica se mapearon 59 proyectos de tres países: Perú, Colombia y Brasil, que fueron analizados entre los años 2017 y 2019. A partir de estos, se pudo conocer que “los impactos ambientales más frecuentes son la contaminación de agua (69.5 %) y la deforestación (55.9 %)” (La República, 2021), lo que afecta directamente a nuestra Madre Naturaleza, los modos de vida de nuestros pueblos originarios y los bosques como sumideros de carbono, aspectos claves para enfrentar los impactos de la crisis climática.

También, es pertinente destacar la triste cifra de que 9 de los 15 conflictos provocados por extracción de oro en Brasil, Colombia y Perú han sido ocasionados por mineros ilegales. Ello constituye una señal de alerta para tomar medidas urgentes con respecto a estos delitos en la fiscalización ambiental referida al ámbito regional, lo que en el caso de Perú está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Plataforma «Derechos colectivos vulnerados» analiza los conflictos socioambientales ocasionados por proyectos extractivos en seis países de Latinoamérica.

En lo referente al Perú, se identificaron 19 proyectos, en los que se registraron 585 comunidades afectadas y 57 personas agredidas. Según la información recopilada, procesada, analizada y representada cartográficamente, en la actividad minera sucede el 47 % de los casos, principalmente en la zona andina. Por su parte, en los proyectos de hidrocarburos se da el 21 % de los casos, los cuales se concentran en la Amazonía nororiental (RRI, 2020). Asimismo, se estableció que la violación más denunciada es la del derecho a un medioambiente saludable (73.7 % de los casos registrados en el Perú), un derecho que está incluido en el artículo 123° de la Constitución Política. Los departamentos más afectados por esta situación son Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín.

Este escenario es preocupante y crítico, considerando el contexto de crisis climática que se añade al de la crisis sanitaria. Además, resulta contradictorio, pues el 18 de diciembre de 2020 Perú presentó la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Mediante este documento, el Estado peruano se comprometió a reducir en 40 % sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales el 30 % se llevará a cabo con fondos nacionales y el 10 % restante dependerá del financiamiento internacional.

¿Es esta la forma en que nos convertiremos en un “país bajo en carbono y resiliente al clima”, según las declaraciones del Ministerio de Ambiente sobre el aumento de ambición climática para el periodo 2021-2030? Seguimos sin ver medidas concretas y coherentes.

Referencia: https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/11/peru-es-el-pais-con-mas-comunidades-con-derechos-vulnerados-de-latinoamerica/

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