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Inicio del año escolar: gobierno sigue sin garantizar el derecho a la educación

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Inicio del año escolar: gobierno sigue sin garantizar el derecho a la educación

Niños protestando por falta de energía eléctrica en Loreto. (Foto: Captura RPP)

Este año 2021, el inicio de las clases escolares virtuales demuestra que el Estado peruano sigue sin garantizar el derecho de nuestros niños y nuestras niñas a una educación de calidad, sobre todo a los niños y las niñas indígenas.

El Ministerio de Educación se empeña en celebrar el inicio del año escolar sin considerar que incluso en Lima cientos de niños y niñas corren serios peligros para acceder a una señal de Internet. Por citar un caso, en San Juan de Lurigancho, el penal San Pedro ubicado en ese distrito bloquea la señal de Internet en los asentamientos humanos aledaños y los menores deben trepar un cerro para captar las clases, poniendo en riesgo su seguridad.

Conocemos también el dramático caso de los niños y las niñas que, en el distrito de Canchaque, Piura, el 18 de marzo quedaron aislados por un huaico mientras buscaban señal de Internet para recibir sus clases. Y en la región Loreto, provincia de Maynas, 180 niños y niñas del asentamiento humano 22 de mayo perderán nuevamente el año escolar porque no cuentan con energía eléctrica, menos con señal de Internet, y deben realizar largas caminatas para recargar sus celulares u otros equipos.

La situación en nuestros pueblos indígenas es más grave. Solo el 7.5% de comunidades campesinas y el 2.9% de comunidades nativas tienen servicio de Internet. Pero no se trata solo de acceso a Internet, el problema es mucho más complejo, en especial para la educación intercultural bilingüe (EIB): infraestructura precaria, falta de docentes especializados, carencia de lineamientos administrativos y pedagógicos claros para el trabajo a distancia en los distintos escenarios educativos, sobrecarga para las madres que deben acompañar a sus hijos e hijas para resolver las tareas y cumplir con su respectiva entrega.

El centro del problema es que el gobierno no ve la educación como un derecho. Todo lo contrario, avala el negocio y la mercantilización de la educación en sus diferentes niveles educativos, lo que, en el contexto de emergencia sanitaria, social y económica ha contribuido a excluir a miles de estudiantes a nivel nacional.

Según el propio Ministerio de Educación, solo hasta septiembre del 2020 ya más de 300 mil estudiantes, el 15% de la matrícula nacional, habían dejado la escuela ese año. Y la situación no es mejor para los y las jóvenes que siguen estudios superiores: hasta septiembre del 2020, más de 174 mil jóvenes dejaron las universidades, esto es el 18.6% del total (995 mil estudiantes). Y de acuerdo con la Federación de Instituciones Privadas de Educación, el 2020 más de 450 mil jóvenes abandonaron sus estudios superiores, de los cuales 170 mil seguían una carrera técnica.

Desde el inicio de la pandemia, como ONAMIAP hemos exigido que se garantice educación de calidad para todos y todas y, dentro de ella, la EIB para nuestros pueblos indígenas. La educación es un derecho. Si el gobierno -a través de su Ministerio de Educación- no lo garantiza, no hay ninguna apertura de año escolar que celebrar.

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