Tierra Territorio y Cambio Climático

El actual modelo de desarrollo se basa en el crecimiento económico, ha significado para los pueblos un deterioro de sus condiciones de vida, imposición de un modelo que no es acorde con nuestras formas de vida, ni con nuestra forma de entender la relación con la naturaleza, imponiendo una cosmovisión y formas de vida totalmente contrarias a nuestros planteamientos del Buen Vivir o Sumak Kawsay.

Uno de los problemas que se tiene es que la seguridad territorial está en riesgo, pues existen una serie de medidas que están dirigidos a recortar nuestros derechos o a imponer formas de propiedad que no corresponden a los planteamientos de nuestros pueblos. Así tenemos, por ejemplo, que COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) está realizando titulación individual en las comunidades, lo que implica que se rompa nuestro tejido comunitario; es decir, el sentido mismo de la comunidad, además de reducir nuestra extensión territorial. La situación se agudiza cuando en algunas reservas naturales el Estado ha concesionado las tierras a empresas extractivas privadas.

Los dolorosos sucesos de Bagua son resultado de esta presión que se cierne sobre los territorios indígenas. Por otro lado, la política de concesiones mineras y petroleras ha significado que gran parte del territorio nacional esté adjudicado a propietarios corporativos o individuales, dándose incluso una superposición de concesiones en muchas zonas, reflejo de lo caótico que es este proceso y expresión de la ausencia de políticas y planes de ordenamiento territorial.

Es de señalar que el hecho de que, según la constitución, el subsuelo no es del pueblo indígena sino del Estado es lo que permite que se pueda disponer de estos sin autorización de los pueblos indígenas, lo cual entra en contradicción con el pensamiento de los hombres y las mujeres indígenas, para quienes el territorio es una integralidad, no sólo una parte.

En el actual marco normativo, la Ley de Consulta Previa tampoco garantiza una consulta previa, libre e informada en los procesos de concesión, lo cual coloca a los pueblos y sus territorios en situación de vulnerabilidad y escasa garantía de derechos. A esta situación se agrega la inexistencia de unas políticas de ordenamiento territorial, por un lado, y, por otro, la ausencia de procesos de zonificación ecológica y económica (ZEE) que sean realmente participativos y que tomen en cuenta las diferentes visiones y experiencias que tenemos las mujeres y los hombres indígenas en relación al territorio.