ONAMIAP por la no privatización de nuestro Patrimonio cultural

La voz del pueblo cusqueño fue escuchada y el Congreso de la República derogó el Decreto Legislativo 1198, que autorizaba la entrega de la administración de sitios arqueológicos a entidades públicas o privadas, como parte de la política de “promoción de las inversiones” del gobierno a costa de los derechos y de la soberanía nacional.

Para los pueblos indígenas y sus organizaciones, los sitios arqueológicos no son mercancías, son lugares sagrados que representan nuestros vínculos con nuestros ancestros y nuestras culturas originarias. El deber del Estado es protegerlos y no limitarse a explotarlos como fuente de ingresos. Como parte de nuestra cultura, pertenecen a todos los peruanos y no deben ser objeto de lucro para las empresas privadas.

Como Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, saludamos la derogación del Decreto Legislativo 1198, pero advertimos que continúa intacta la sistemática política de mercantilizar todos los bienes naturales y el patrimonio cultural. No nos oponemos al fomento del turismo, pero el Estado no puede delegar al sector privado su deber de proteger el patrimonio cultural. Primero, la investigación y protección, luego el turismo, siempre y cuando la protección sea garantizada y la administración esté en manos del Estado.

Recordamos, asimismo, que aún están pendientes de derogarse los “paquetazos” que atentan contra nuestros derechos territoriales y ambientales como pueblos indígenas: las leyes 30230 y 30327 (ex 3941), el DS 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, entre otros.

Todas estas normas son nulas de nacimiento, pues no han pasado por el proceso de consulta y consentimiento, previos, libres e informados. Mientras el Congreso de la República se resiste a modificar su Reglamento para implementar la consulta legislativa, violando el Convenio 169 de la OIT y la propia Ley de Consulta y su Reglamento, continúa otorgando facultades legislativas al Poder Ejecutivo y aprobando leyes lesivas. El Cusco tuvo que realizar un paro de 48 horas para derogar una de esas normas.

Eso nos indica cuál es el camino cuando se nos niegan los derechos al diálogo, la participación y a la consulta y consentimiento, previos, libres e informados.