TPP atenta contra los derechos humanos, la soberanía nacional y el medio ambiente

Cuando en Lima se reunía la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, anunció la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado que profundiza la precarización de derechos humanos y las normas ambientales y somete aún más la soberanía nacional a las leyes del mercado.

El TPP, promovido por los Estados Unidos, involucra además a Japón,  Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los países latinoamericanos México, Perú y Chile. Aunque su negociación se inició hace más de cinco años (marzo del 2010), su contenido ha permanecido en secreto, violando el derecho fundamental de la ciudadanía a la información sobre todo aquello que nos afecta.

Se trata de un acuerdo que profundiza el dominio del centro de poder globalizado. La crisis estructural que afecta el sistema hace que los Estados Unidos impongan a través de “acuerdos” como el TPP, estas medidas socavan aún más la soberanía nacional, dejando la resolución de conflictos en manos de tribunales internacionales. Imponen además mayor flexibilización de las normas ambientales y vulneran derechos fundamentales, como la salud.

En resumen, se insiste en aplicar las recetas del Consenso de Washington de 1989, pese a la crisis estructural y en contra del discurso oficial del Banco Mundial, que habla de “nuevos paradigmas”, inclusión social y erradicación de la pobreza, mientras sigue financiando proyectos que atentan contra derechos ambientales, sociales, laborales, flexibilizando sus salvaguardas y sin vigilar su cumplimiento.

En materia de salud, el TPP expande el plazo de protección a las patentes de medicamentos, con lo que no se podrá fabricar medicamentos genéricos y las medicinas se encarecerán. Además, reconoce patentes sobre procedimientos médicos, los cuales no podrán ser usados por cualquier especialista. Todo esto pone en riesgo la salud de millones de personas.

Con la falta de definición del término “derecho ambiental”, el TPP excluye toda regulación relacionada con derechos de los pueblos indígenas respecto a los recursos naturales. El capítulo de propiedad intelectual regula patentes sobre semillas y plantas, facilitando la mercantilización de nuestros saberes y prácticas tradicionales. Y al hablar de biodiversidad, establece que se debe obtener el consentimiento previo de los pueblos indígenas de los recursos genéticos… salvo que esta obligación no esté reconocida en la legislación nacional.

Los pueblos indígenas y la sociedad civil en general conocemos las normas que sucesivamente restringen derechos territoriales y ambientales y el propio derecho a la consulta. Y el TPP deja a los Estados la potestad de regular el nivel de protección del medio ambiente.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP exigimos información pormenorizada sobre el TPP y sus impactos en nuestros derechos fundamentales. Asimismo, llamamos a las organizaciones indígenas, movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil a estar atentos y movilizarse contra este Acuerdo que profundiza el modelo neoliberal y pone en manos del libre mercado la vida y la soberanía nacional.