Estado está obligado a garantizar justicia y reparación en los casos de esterilizaciones forzadas

Las más de 300 mil esterilizaciones forzadas perpetradas en la segunda mitad de la década de los noventa fueron resultado una política de Estado y configuran un delito de lesa humanidad. Por tanto, el Estado tiene el deber ineludible de implementar para las víctimas una política integral de verdad, justicia y reparación.

Esta fue la conclusión central del Conversatorio “Esterilizaciones forzadas: mujeres indígenas en búsqueda de verdad, justicia y reparación” desarrollado la tarde del viernes 9 de junio por ONAMIAP, en el que las integrantes del panel coincidieron también en la necesidad de sensibilizar sobre este tema en los ámbitos nacional e internacional y articular los esfuerzos de las organizaciones para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En sus palabras de bienvenida la presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que 22 años después de estos hechos las mujeres indígenas seguimos esperando justicia y reparación. Recordó que los casos judicializados han sido reiteradamente archivados.

“En un país democrático, debemos cerrar estas heridas para poder avanzar”, subrayó Marcelo, antes de presentar el video “Esterilizaciones forzadas: un camino a la verdad y la justicia”, producido por ONAMIAP e IWGIA.

El conversatorio se inició con los testimonios de Luisa Pinedo Rango (en su lengua originaria), indígena del pueblo Shipibo de Ucayali, y Doinicia Calderón Arellano, indígena del pueblo quechua de Ayacucho. Ambas conmovieron a los y las asistentes al detallar las condiciones en que fueron forzadas a la operación de ligadura, bajo diversas amenazas y, sobre todo, sin información y sin su consentimiento. Coincidieron que aún sufren problemas de salud como consecuencia de esas intervenciones realizadas en las peores condiciones sanitarias. Y cómo a este crimen siguió y sigue la estigmatización en sus propias familias y comunidades, debido a la cual muchas víctimas se resisten a hablar.

El panel estuvo conformado por Sandra Enríquez Castro del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), María Ysabel Cedano del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Greff), Tarcila Rivera Zea del Foro Permanente de Naciones Unidas y Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Sandra Enríquez dijo que el Reviesfo tiene 5933 personas registradas y 89 denuncias tramitadas. Mientras que María Ysabel Cedano detalló el tortuoso camino seguido por el Estado para eludir la verdad, la justicia y la reparación. Por ejemplo que no se haya incluido al presidente de la época y sus ministros de Salud como autores mediatos.

Por su parte, la relatora especial de la ONU Vicki Tauli solicitó que le hagan llegar un informe detallado de estos crímenes para, a partir de ello, elevar un documento al Estado peruano. Y Tarcila Rivera del Foro Permanente se comprometió a organizar un evento paralelo sobre el tema en la próxima sesión anual de este organismo.

ONAMIAP seguirá  trabajando de la mano con sus aliados y aliadas para lograr la verdad, justicia y reparación para las mujeres indígenas víctimas de este delito de lesa humanidad.