A diez años de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Se cumplen diez años de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el balance para los pueblos y las mujeres indígenas?

Transcurría el segundo gobierno de Alan García cuando se adoptó la Declaración y tan solo dos años después se dio el paquete legislativo sobre el Tratado de Libre Comercio que dio lugar a la masacre de Bagua. Pese a ello, el Estado no aprendió la lección porque los sucesivos gobiernos siguieron dando paquetazos legales como la Ley 30230, por citar un ejemplo.

Bagua marcó un antes y después para los pueblos indígenas: la Ley de Consulta y su reglamento fueron aprobados. Pero esta carece de un enfoque de género, no promueven y menos garantizan la participación equitativa de las mujeres indígenas en los procesos. En el tema minero, los pocos procesos realizados han sido cuestionados porque no cumplen los plazos, no dan la suficiente información a las comunidades ni les garantizan asesoría, mientras se promueven acuerdos previos para eludir la consulta.

En esta década se ha paralizado la titulación colectiva de nuestras comunidades campesinas y nativas, y se ha promovido la parcelación o titulación individual. Además, se nos niega y desconoce nuestro derecho al territorio integral, que incluye suelo, subsuelo y sobresuelo, la totalidad de nuestros territoriales ancestrales.  Y ahora, tras la derogatoria del Decreto Legislativo 1333, el Ejecutivo ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley 1718 que contiene las mismas amenazas contra nuestra seguridad jurídica territorial.

Hace poco seis shipibos de Ucayali fueron asesinados por oponerse a la extensión de monocultivos de arroz y cacao en un bosque de producción permanente, caso que se suma al de los cuatro líderes indígenas de Saweto  asesinados por defender sus bosques de la tala ilegal. ¿Cuántas muertes más tienen que ocurrir para que el Estado comience darse cuenta que los pueblos y las mujeres indígenas protegemos y defendemos los bosques que son fuente de vida?

Hubo retrocesos también en cuanto a la institucionalidad estatal para los pueblos indígenas. El segundo gobierno aprista despareció al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) y en su lugar creó el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas que es totalmente insuficiente.

Situación de derechos de las mujeres indígenas es más grave

En particular, la situación de los derechos de las mujeres indígenas, es más grave. Empecemos por el derecho a la educación. Solo el 27% de las mujeres indígenas en zonas rurales de 15 años a más alcanza el nivel secundario, frente al 43.8% de sus pares varones en las mismas condiciones. Igualmente, las adolescentes indígenas de zonas rurales de 12 a 16 años que asisten al nivel secundario con atraso escolar es del 31.6%, mientras que las adolescentes en las zonas urbanas alcanzan el 26.8% (INEI 2016)”.

El 19.3% de las jóvenes que hablan una lengua originaria están embarazadas o ya son madres, comparado con el 12.9% entre las adolescentes castellanohablantes (INEI 2016). Esta cifra se elevaría entre las adolescentes de la Amazonía, donde el 24.9% de las adolescentes ha estado alguna vez embarazada (ENDES 2015). El tema del embarazo adolescente exige políticas de salud reproductiva, de prevención y tratamiento con enfoque intercultural.

En el acceso a la tierra y la gobernanza territorial, diremos que En el Perú las mujeres indígenas representamos el 23.8% del total de mujeres peruanas y el 50.2% de la población indígena nacional. Sin embargo, menos del 3% de nuestras comunidades son presididas por mujeres. En la mayoría de nuestras comunidades todavía no se nos reconoce a las mujeres como comuneras calificadas y no participamos en los espacios de decisión comunal.

En el Congreso de la República solo tenemos una congresista indígena, en todo el país solo hay una gobernadora regional. Las cuotas electorales de género y etnicidad han mostrado su ineficacia. Necesitamos crear la jurisdicción electoral indígena con paridad y alternancia de género, así como elección de nuestros y nuestras representantes según nuestros propios usos y costumbres.

Otro tema es la situación de vulneración de nuestros derechos y violencia que seguimos viviendo las mujeres indígenas. Tal es el caso, por ejemplo, de las miles de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas que aún no alcanzan justicia y que ahora son víctimas nuevamente de una campaña que las acusa de mentirosas. ¿Qué está pasando con el caso de Manta y Vilca? comunidades donde muchas mujeres quechuas  fueron abusadas sexualmente por miembros del ejército durante el conflicto armado interno y cuyo juicio sigue violentándolas.

La pregunta de autoidentificación es una oportunidad para visibilizarnos

Si actualmente no existe data estadística diferenciada sobre los pueblos indígenas, menos aún hay sobre las mujeres indígenas. Por ello, los Censos Nacionalesse presentan como una oportunidad porque por vez primera en nuestro país incluirán una pregunta de autoidentificación étnica, que fue considerada por exigencia de las organizaciones indígenas, pero el Estado no tiene una verdadera voluntad política para visibilizar a los pueblos indígenas u originarios lo que se evidencia en la falta de una campaña que difunda dicha pregunta que es importante porque es una herramienta para visibilizarnos y ejercer nuestro derecho a la Consulta Previa sobretodo en los andes.

Los pueblos y las mujeres indígenas necesitamos que se cierren las enormes brechas entre las normas y la realidad. En sus informes a los organismos de Naciones Unidas, el Estado muestra como grandes avances las políticas y normas, pero muy poco y nada de ellas se cumplen. En la actualidad los operadores y las operadoras del Estado, en general, desconocen por completo el enfoque intercultural y si está situación no cambia la Declaración de la ONU y otros instrumentos internacionales no pueden materializarse en la práctica. Por ello, necesitamos que todas las políticas públicas sean interculturales y con enfoque de género.