El Estado continúa arremetiendo contra nuestros derechos territoriales

Las supuestas discrepancias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se desvanecen cuando se trata de arremeter contra la seguridad jurídica de nuestros territorios indígenas. Hoy, 4 de octubre, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado acaba de aprobar el dictamen del Proyecto de Ley 1718, que pretende resucitar el derogado DL 1333, conocido como la “Ley del despojo”.

El PL 1718 crearía el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizado (APIP) para facilitar la obtención de inmuebles y permitiría el despojo de los territorios de nuestras comunidades. Y pese a que esta ley excluye las tierras de los pueblos indígenas, no señala explícitamente que éstos estamos organizados en comunidades campesinas y nativas.

El Convenio 169 establece que los derechos de los pueblos indígenas se aplican sin importar los nombres que les da la ley. Originalmente fuimos comunidades indígenas, hasta que, tras la Reforma Agraria en la década del setenta, se nos cambió el nombre a comunidades campesinas y nativas. Esa es responsabilidad del Estado, pero nuestros derechos territoriales no pueden ni deben ser cuestionados por ello.

Hoy también fue publicada la Ley 30670 que declara de interés nacional la construcción de la carretera Iquitos – Saramiriza, vía que traerá graves impactos ambientales y sociales para nuestros pueblos indígenas y pondrá en riesgo millones de hectáreas de bosques y por ende la supervivencia de nuestras comunidades.

Hace dos días, el 2 de octubre, la bancada fujimorista presentó el Proyecto de Ley N° 1910 “que declara de necesidad pública e interés nacional el programa de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la región Piura”, presentado por el Congresista Luis Humberto López de Fuerza Popular. Este proyecto de ley tiene como principal fin promover la parcelación de nuestras comunidades, usando como argumento la necesidad de acceso al crédito, promover la inversión en la agricultura y facilitar el mercado de tierras.

Como podemos ver, la consigna es desintegrar y desaparecer nuestras comunidades campesinas y nativas, que defendemos la propiedad colectiva porque nuestro territorio es fuente de nuestra identidad cultural y el espacio donde ejercemos nuestras propias formas de organización, producción, elección y ejercicio de autoridad.

Nada de esto nos ha sido consultado, como ordena el Convenio 169 de la OIT, porque el Congreso se resiste a implementar la consulta legislativa y porque en la legislación sobre consulta previa se excluyó, inconstitucionalmente, los llamados “servicios públicos”. Otra artimaña para evadir la obligación de consultar es la declaración de “interés nacional”.

Desde ONAMIAP, exigimos que se archiven definitivamente los Proyectos de Ley 1718 y 1910, así como la inmediata derogatoria de la Ley 30670. No dejaremos pasar nuevas arremetidas dirigidas a desaparecer nuestras comunidades campesinas y nativas.

¡Basta de atentar contra nuestros derechos territoriales!