Pedimos al INEI que garantice la adecuada realización de los censos nacionales en el área rural

Foto: INEI.
Pese a los más de tres años de preparación y al presupuesto de S/. 173 millones, las deficiencias de la ejecución de los Censos Nacionales 2017 en la zona urbana reflejan que no existió una adecuada organización.
El domingo 22 de octubre, no solo faltaron materiales, cédulas, refrigerio y otros implementos necesarios, sino también hizo falta una adecuada capacitación a los empadronadores y las empadronadoras lo que podría arrojar información estadística no real.
Otra deficiencia grave fue que tampoco se brindaran las medidas de seguridad adecuadas para proteger la integridad de los voluntarios y las voluntarias. Prueba de ello es la violación sexual ocurrida en Villa El Salvador, el acoso a varias voluntarias, entre otras agresiones que nos muestran la verdadera fotografía del Perú: somos un país de violadores.
A ello hay que añadir la cantidad de viviendas que no fueron censadas, que según el INEI representa el 3%, cifra que resulta poco creíble y genera suspicacia, pues si esta situación se ha producido en las ciudades, ¿cómo se viene realizando el empadronamiento en la zona rural? ¿realmente se llegará a todas nuestras comunidades campesinas y nativas? ¿cuántas personas no contarán para el Perú?
Por ello, desde ONAMIAP, instamos al INEI que garantice la óptima realización de los Censos Nacionales 2017 en las zonas rurales. Necesitamos que se llegue a todas y cada una de nuestras comunidades campesinas y nativas para evitar que haya hogares excluidos. Además, es fundamental que se asegure que los datos sean recogidos de la mejor manera para que la información estadística esté acorde a las diferentes realidades y muestre realmente las necesidades de nuestros pueblos indígenas andinos y amazónicos.
Asimismo, demandamos dar garantías y recursos para la seguridad y el traslado de los empadronadores y las empadronadoras, dotarlos/as de la información y materiales suficientes. Y en particular que se coordine con la Policía Nacional del Perú para evitar que se produzcan más delitos contra los voluntarios y las voluntarias.