Defendamos la democracia de nuestras instituciones

La bancada mayoritaria del Congreso de la República está avanzando peligrosamente por la senda autoritaria, expresada en la persecución al Fiscal de la Nación y los miembros del Tribunal Constitucional, así como en el acuerdo de llevar a dos congresistas a la Comisión de Ética por denunciar los vergonzosos índices de violencia sexual en el Perú.

Frente al autoritarismo, debemos defender la institucionalidad democrática porque el acaparamiento de todas las instituciones solo causa recorte de derechos, corrupción y criminalización de la protesta social, como lo vimos en la dictadura de los años noventa.

Somos testigos que esta actitud de la mayoría fujimorista en el Congreso no es nueva. Recordemos que el autogolpe del 5 de abril de 1992 desembocó en la intervención de todos los poderes del Estado, la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional, la compra a los propietarios de los medios de comunicación, torturas, asesinatos, desapariciones y decenas de miles de mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas y que aún esperan justicia y reparación.

Sin un Poder Judicial, un Ministerio Público y un Tribunal Constitucional autónomos, ¿dónde denunciar la corrupción, el recorte de derechos, la criminalización?  Lo vemos hoy, cuando el fujimorismo copa puestos claves del Estado. O cuando se opone abiertamente a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, contraviniendo normas nacionales e internacionales.

Frente a todo esto, el Poder Ejecutivo es débil y cede cada vez más, nombrando ministros que responden a los mismos intereses del fujimorismo. No es solo debilidad, lo cual ya es grave, porque el Poder Ejecutivo tiene la obligación de defender la institucionalidad democrática, si no también es coincidencia en el modelo económico. De allí que los supuestos rivales compartan el interés en aprobar el nefasto proyecto de ley 1718, profundizando la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Hay que detener el autoritarismo, defender y fortalecer la institucionalidad democrática, ampliando la participación de los movimientos sociales en los espacios de decisión, porque solo con una amplia y efectiva base social, la democracia será sólida y real.