La seguridad jurídica de los territorios comunales como estrategia frente al cambio climático
La seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas andinos y amazónicos debe ser reconocida e incorporada en todas las estrategias globales y nacionales para enfrentar el cambio climático.
Los pueblos indígenas representamos el 5% de la población mundial, tenemos el 20% del territorio del mundo y custodiamos más del 80% de la biodiversidad. Por nuestra estrecha relación con la Madre Tierra, los pueblos indígenas, y dentro de ellos las mujeres indígenas, somos las poblaciones más vulnerables al cambio climático: somos los y las primeras ecologistas ya que no dominamos la tierra, si no que la respetamos; somos guardianes milenarios de los bosques; y nuestros territorios albergan los bienes naturales más codiciados.
Pese a ello, en el Perú nuestros derechos territoriales no son reconocidos, no existe una política nacional de titulación para nuestras comunidades campesinas y nativas, ni siquiera existen datos oficiales consolidados de cuántas comunidades existimos y cuál es nuestra situación jurídica (reconocimiento y titulación). En ese contexto se promueven y aprueban normas que vulneran nuestros derechos territoriales y debilitan las normas ambientales.
La seguridad jurídica territorial indígena ha sido reconocida como una condición habilitante para las estrategias frente al cambio climático, así como la importancia de incorporar nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de mitigación y adaptación. Un ejemplo de ello es REDD+: sin territorios titulados, el desarrollo de estos programas se dificulta y se corre el riesgo de que se ignoren nuestros derechos y sistemas de gobernanza de los bosques.
Una delegación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) está presente por cuarto año consecutivo en la Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), que en su versión 23, se realiza en Bonn, Alemania. Nuestras lideresas indígenas andinas y amazónicas están allí para visibilizar las demandas y propuestas de los pueblos y las mujeres indígenas en las estrategias de adaptación y mitigación; así como para vigilar que nuestros derechos colectivos formen parte de esas estrategias.