Las mujeres indígenas nos levantamos por la defensa de la democracia

Las mujeres indígenas andinas y amazónicas vemos con mucha preocupación  cómo la corrupción alcanza los diferentes niveles e instituciones del Estado. Queda evidenciado que todos los gobiernos de los últimos 25 años están involucrados en los sobornos de Odebrecht y sus subsidiarias. Por ello, es urgente que la investigación y las sanciones que correspondan alcanen a todos por igual.

Las dimensiones de la corrupción no pueden ser medidas solo en términos monetarios porque es más grave la destrucción de la moral y la esperanza de la sociedad, que contempla cómo algunos políticos son tratados con mayor severidad que otros, de acuerdo al nivel de poder que ejercen en los organismos del Estado.

Digámoslo con nombre propio El Ministerio Público y el Poder Judicial deben investigar a Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kukczynski  con imparcialidad y profundidad para que reciban las sanciones correspondientes de acuerdo a la magnitud de su delito. De darse el caso de la prisión preventiva o el pedido de extradición, estos tienen que ser para todos.

La corrupción no surge de manera espontánea y no es responsabilidad únicamente de una empresa millonaria. En el Perú, la dictadura fujimorista de los años noventa levantó una estructura que convirtió al Estado en una mafia corrupta, un andamiaje que no ha sido tocado, como tampoco lo ha sido el modelo económico neoliberal extractivista en el que nos encontramos.

Sin lugar a dudas, esa herencia de corrupción y ese modelo económico facilitan los sobornos, así como el debilitamiento de la institucionalidad democrática, convirtiendo a los organismos estatales en oportunidades de negocios ilícitos y alimentando la debacle moral del país.

Una debacle que se da en un contexto de creciente autoritarismo y persecución a funcionarios y funcionarias que no se someten a los intereses de la mayoría del Congreso de la República, como lo prueba la persecución al Fiscal de la Nación y al Tribunal Constitucional, organismos que ya el fujimorismo intervino y corrompió antes para garantizar su impunidad.

En este escenario, las mujeres andinas y amazónicas del Perú expresamos nuestro profundo rechazo a estos actos de corrupción y hacemos un llamado  a los movimientos sociales para levantar juntos la bandera anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia y la exigencia de justicia en defensa de la democracia y frenando el creciente autoritarismo que sustenta la impunidad.

¡Viva la democracia!

¡Vivan los pueblos indígenas!