Protejamos la vida y la integridad de nuestras niñas y adolescentes

Los recientes casos de violaciones y asesinatos perpetrados contra niñas ponen en evidencia la urgencia de promover medidas efectivas de prevención y tratamiento de la violencia contra la mujer, en particular contra las menores que son las más vulnerables.

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el año pasado se registraron en el Perú 121 feminicidios y 247 tentativas, un total de 368 casos atendidos en todo el país. Lima Metropolitana es la región donde más casos se reportaron (31feminicidios y 75 tentativas), seguida por Arequipa (12 y 25), Junín (7 y 15), Cusco (6 y 13) y Ayacucho (6 y 6). Pero también sabemos que existe un gran número de casos no reportados.

La misma fuente señala que cerca de catorce mil niñas y adolescentes de nueve a catorce años de edad han sido violadas en los últimos cinco años. Asimismo, que las niñas y adolescentes mujeres representan el 65% de los casos atendidos por violencia familiar y el 70% de las víctimas de violencia sexual en Perú.

Es indispensable construir programas de educación sexual y reproductiva que en el caso de las niñas y adolescentes indígenas tengan un claro enfoque intercultural, lo mismo que el tratamiento de la violencia sexual y del embarazo adolescente.

Sobre todo, es indispensable combatir las causas de esta violencia, que por su práctica masiva y recurrente es “naturalizada” mediante la construcción de discursos justificadores. A estos debemos oponer una cultura de respeto e igualdad de derechos.

Las violaciones sexuales y los feminicidios son las peores manifestaciones de la violencia hacia la mujer, en particular hacia las niñas y adolescentes que constituyen el 17% de la población nacional. Pero debemos combatir también las otras formas de violencia, expresadas, por ejemplo, en las brechas en el acceso a la educación, de las cuales los embarazos adolescentes son al mismo tiempo causa y consecuencia.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que el 85% de las adolescentes embarazadas no asiste a un centro educativo. Y que los índices de embarazo adolescente son más altos entre las menores que solo cuentan con educación primaria.

Como siempre, las llamadas zonas rurales, donde ubican nuestros pueblos indígenas, son las que presentan las más altas tasas. Según el INEI, un 24% de las adolescentes que viven en zonas urbanas no logra concluir la secundaria y en las zonas rurales la cifra llega a 68%. El único referente étnico de estos datos de la última Encuesta Nacional de Hogares (ENDES) es la lengua originaria: únicamente tres de cada diez adolescentes quechuahablantes logra culminar la secundaria. Y solo una de cada diez que habla una lengua amazónica culmina sus estudios.

La falta de estudios redunda en grandes dificultades para la inserción laboral y para la participación de las mujeres en espacios de decisión, alimentando así el círculo vicioso de la discriminación y la violencia.

¡Basta de violencia!

¡Protejamos la vida y la integridad de nuestras niñas y adolescentes!