Detengamos la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas

Foto referencial / Fuente: https://bit.ly/2HcLBLo

Actualmente vemos con mucha preocupación que los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas se multiplican debido a la inacción cómplice del Estado, que persiste en una visión monocultural y machista.

De acuerdo a la información del Informe “Condiciones para garantizar el derecho a la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas” de la Defensoría del Pueblo, del cien por ciento de casos identificados de estudiantes víctimas de violencia sexual en los colegios, el nueve por ciento son varones, el 91 por ciento mujeres y el 52 por ciento menores de catorce años. Además, cabe precisar que muchas de las violaciones sexuales son perpetradas por docentes.

Sin embargo, se tiene que precisar que las cifras mencionadas corresponden solamente a los casos conocidos. Veamos algunos que fueron denunciados:

En el 2015, la Central Asháninka del río Ene (CARE) denunció dos violaciones hacia dos estudiantes menores de edad de la Comunidad Nativa Centro Caparocia, ubicada en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo (región Junín) por parte del profesor Wander Cueva Mishari, lo que resultó en dos embarazos forzados.  De estas denuncias, una de ellas fue archivada por el Ministerio Público y la otra está por archivarse, bajo el argumento de que no hay suficientes pruebas. En octubre del 2017, CARE informó al Poder Judicial sobre la violación de dos estudiantes de primaria, incurridas por otro profesor.

El pasado 12 de febrero, el diario La República difundió una nota titulada “Asháninkas denunciaron impunidad en casos de violencia sexual a menores de edad” en donde CARE vuelve a denunciar el embarazo forzado de una niña de primaria, producto de una violación cometida por su profesor Abel Sorio Soto.

El 16 de febrero, La Mula publicó un artículo titulado “Las Niñas Awajún violadas” que denuncia el encubrimiento y la complicidad de los directivos de la UGEL del Centro Poblado Huampami, ubicado en distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (región Amazonas). Estos funcionarios guardan silencio sobre la violación de una niña menor de edad y que quedó embarazada por un profesor.

El 1 de abril, el diario La República publicó el informe “Las Niñas Awajún: víctimas sin justicia”, donde se afirma que “5 de cada 100 nacimientos son de madres adolescentes, el triple del promedio nacional. Y casi la mitad de casos de VIH tienen entre 15 y 19 años. En estos últimos, los contagios se dan desde los 12 años en promedio.”

Al respecto, un análisis de la Defensoría del Pueblo de Bagua, realizado entre los años 2012 y 2017, contabiliza 216 casos de violencia sexual en la UGEL de Condorcanqui, siendo 157 casos los que han prescrito. Es decir, más de la mitad de las denuncias no han llegado a nada y los perpetradores siguen en libertad. Muchos ejerciendo en otras escuelas e incluso durante el proceso de investigación continuando con sus plazas, trabajando en otros sectores escolares y recibiendo un salario.

Todo apunta a una revictimización institucional, la inseguridad de las vidas de las denunciantes y familiares, la exposición de otras niñas, niños y adolescentes a vivenciar violencia sexual y la culpabilización que obliga a las niñas a ser madres.

Naturalización de la violencia

Frente a esta situación, las integrantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) manifestamos que la violencia sexual es un problema social del Perú y América Latina, donde no solo esta práctica está naturalizada sino también otros tipos de violencia hacia las mujeres, así como las relaciones impropias y abusivas hacia niñas, niños y adolescentes por parte de hombres adultos cercanos a sus cotidianidades. Consideramos que la búsqueda de justicia para estos casos se ve afectada por el “familismo” entrelazado a los fundamentalismos religiosos que tienen el poder para rechazar la educación con enfoque de género en las escuelas, cuando es clara su urgencia.

Lo que sucede en las UGEL de nuestras comunidades amazónicas es reflejo de una sociedad racista, machista y clasista que objetiviza e hipersexualiza los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que se encuentran en condiciones desiguales de acceso a oportunidades, infraestructura y educación. A ello se suma el abandono de las instituciones estatales a nuestras comunidades indígenas andinas y amazónicas que va más allá del distanciamiento geográfico y que representa el poco interés que se tiene sobre nuestras vidas.

Manifestamos nuestro apoyo solidario a todas las niñas y las adolescentes que deciden embarcarse fuera de sus casas para estudiar y construirse como profesionales. Exigimos al Ministerio de Educación tener presencia real en el proceso de selección del profesorado de las UGEL de nuestras comunidades, que sean profesionales bilingües y que exista paridad de género en las contrataciones. Asimismo, que se gestione el presupuesto para la mejora de infraestructura de las residencias actuales en las que viven las niñas y adolescentes de los diferentes pueblos indígenas andinos y amazónicos, pues no cuentan con las condiciones de seguridad y comodidad necesarias.

Al gobierno, pedimos el cumplimiento real de la laicidad en la toma de decisiones políticas. También, el cumplimiento del enfoque de género y la educación sexual, con pertinencia cultural, que son dos herramientas necesarias para que niñas, niños y adolescentes de nuestro país aprendan a detectar relaciones abusivas, incestuosas e impropias dentro de las familias, comunidades, centros educativos y otros espacios. Además de contrarrestar el aumento masivo del VIH en nuestras comunidades y otras ITS, que también debe problematizarse, si el contagio es producto de la violencia sexual o relaciones sexuales inseguras.

Finalmente, exigimos la contratación de personal en instituciones del Estado, personal empático y sensible a las temáticas de violencia, género e interculturalidad, así como de herramientas para abordarla. Por último, a la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial deben cumplir su rol y garantizar la justicia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes violentados y violentadas.

¡Las mujeres indígenas, andinas y amazónicas del Perú decimos NO a la violencia sexual!

Referencias:

• Condiciones para garantizar el derecho a la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas. Defensoría del Pueblo, Informe de Adjuntía Nº 002-2017.
• http://careashaninka.org/noticias/ni-una-mas-el-derecho-de-nuestras-hijas-a-estudiar-sin-violencia/
• http://larepublica.pe/sociedad/1219967-ninas-awajun-victimas-sin-justicia
• http://larepublica.pe/sociedad/1196440-ashaninkas-denunciaron-impunidad-en-casos-de-violencia-sexual-a-menores-de-edad
• https://kolumnaokupa.lamula.pe/2018/02/16/las-ninas-awajun-violadas/rociosilva/
• http://larepublica.pe/sociedad/1220414-las-escolares-awajun-que-duermen-con-el-peligro
• https://wayka.pe/aumenta-violencia-sexual/