Las tareas urgentes del gabinete Vizcarra

La renuncia de presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la república no resuelve la crisis política que agobia al país, porque persisten las enormes brechas económicas y sociales alimentadas por el modelo económico que prioriza la inversión extractiva sobre los derechos humanos individuales y colectivos, en particular los de los pueblos y las mujeres indígenas.

La juramentación del nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra no representará un cambio si persiste la creciente y sistemática vulneración de nuestros derechos territoriales y ambientales, si no se diseñan medidas efectivas de prevención, sanción y tratamiento a la violencia contra la mujer, si se continúa cediendo a la presión de grupos ultra conservadores que justifican esa violencia, si se sigue permitiendo que la mayoría parlamentaria actúe como una dictadura. Y si se continúa invisibilizando nuestra diversidad cultural o estigmatizándola como sinónimo de obstáculo para el desarrollo.

Necesitamos un nuevo modelo económico. Necesitamos un efectivo enfoque intercultural en las políticas públicas. Necesitamos medidas concretas para enfrentar el cambio climático, incluidos los desastres naturales que éste provoca. Necesitamos que el Estado garantice el pleno ejercicio de derechos de los pueblos y las mujeres indígenas.

Solo para mencionar las tareas urgentes: la Presidencia del Consejo de Ministros debe hacer realidad la entidad estatal de y para pueblos indígenas, con rango ministerial, presupuestos, capacidad de decisión y plena participación de nuestras organizaciones. El Ministerio de Cultura debe cumplir con velar por el ejercicio de un derecho a la consulta previa conforme a los estándares exigidos por el Convenio 169 de la OIT, así como vigilar que las políticas económicas no vulneren nuestros derechos territoriales y ambientales.

El Ministerio de Agricultura debe emprender una política nacional de titulación y seguridad jurídica de los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas, con la participación de los pueblos y las mujeres indígenas. El Ministerio de Justicia debe hacer por fin efectiva la justicia y reparación para las decenas de miles de mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. El Ministerio de la Mujer debe adoptar un efectivo enfoque intercultural en sus planes, programas y políticas contra la violencia hacia la mujer. Y el Estado en general debe incorporar las variables de etnicidad y de género en toda su data, diagnósticos, normas y políticas.

Estas medidas garantizarían que el país dé los primeros pasos hacia una democracia amplia, participativa e intercultural, con pleno ejercicio de derechos de todos y todas, en camino hacia la vida plena y el buen vivir.