¡Basta de negociar con nuestros derechos!

Desde ONAMIAP, condenamos los actos de corrupción, el tráfico de influencias y las negociaciones bajo la mesa perpetradas por altas autoridades del sistema de justicia, precisamente por aquéllas que controlan, deciden y sancionan: los/as magistrados y jueces que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura del Perú (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao. Prácticas pre-profesionales inexistentes, nombramientos fraudulentos y negociación de una absolución totalmente injusta son los crímenes revelados en unos audios que han sido publicados por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Hemos escuchado con horror e indignación cómo entre esos actos ilícitos se encuentra la negociación de la impunidad para un acusado de la violación de una niña de parte del juez César Hinostroza. Cabe precisar que este juez fue quien rechazó el pedido de transferencia del caso de Arlette Contreras a Lima y también será uno de los encargados de pronunciarse sobre el caso de Manta y Vilca, lo que nos preocupa y pone en alerta.

Ante esto nos preguntamos ¿a quién recurrir? ¿dónde buscar y encontrar la justicia? ¿cuántos otros casos existen? ¿cuántas víctimas más de violaciones, feminicidios y otros crímenes quedaron encerradas en este círculo vicioso de corrupción e impunidad en que se encuentra el sistema judicial?

Expresamos nuestra preocupación y repudiamos la posición del Congreso de la República y la flexibilidad con la que actúan frente a estos hechos comprobados que evidencian la grave crisis que sufre el sistema de justicia. Asimismo, rechazamos el amedrentamiento que sufre el equipo de IDL-Reporteros que lo único que busca es ocultar las evidencias existentes y evitar que sigan saliendo a la luz más pruebas.

Frente a todo ello, exigimos la inmediata destitución y sanción a todos los/as magistrados y jueces implicados en estos actos delictivos. Asimismo, hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y a la sociedad en general a la unidad, a la movilización y a sumar fuerzas en defensa de los derechos humanos y una verdadera justicia contra la corrupción e impunidad.