Temas pendientes en la protección de defensores de derechos humanos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, mediante Resolución Ministerial Nº 0159-2019-JUS publicada el 27 de abril pasado. Este es un avance en la larga lucha que los pueblos indígenas y los movimientos sociales en general libramos día contra la criminalización de la protesta social.

Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), saludamos este primer paso en la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, pero al mismo tiempo precisamos que aún quedan temas pendientes.

Entre los temas pendientes se encuentra la derogatoria de las normas que criminalizan las protestas contra la vulneración de derechos, en particular derechos territoriales y ambientales. Aún hay un gran número líderes y lideresas indígenas perseguidos/as y acusados/as por participar en acciones de protesta contra la incursión inconsulta de proyectos extractivos o de infraestructura en sus territorios.

De acuerdo con cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), a nivel nacional más de 900 personas defensoras enfrentan actualmente procesos arbitrarios, ya que no incorporan el enfoque intercultural como lo establecen los tratados internacionales de los que el Perú es Estado parte.

Nos preocupa además la judicialización de los casos de ejercicio de la justicia indígena. Muchas autoridades e integrantes de las rondas campesinas actualmente son procesados/as por ejercer este derecho, reconocido por tratados internacionales, la Constitución Política del Perú y otras leyes nacionales. A ello se suma que desde hace años no se cumple con el mandato constitucional de promulgar una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena.

Son muchos los casos de líderes indígenas defensores de sus pueblos y territorios que han sido asesinados por mafias de tala, trata de blancas y otras actividades ilegales. No obstante, el Estado no cumple con brindar la debida protección ni tomar medidas efectivas de prevención, investigación y sanción para estos crímenes.

Lo cierto es que los defensores y las defensoras enfrentan la penalización de sus actividades, acusaciones graves que las vinculan incluso con delitos de terrorismo, amenazas de las empresas, atentados contra sus vidas, la falta de recursos para su defensa y la indiferencia de los sistemas de defensa pública que no se ocupan de estos casos.

Frente a todo ello, es indispensable incorporar de manera efectiva los enfoques de género e interculturalidad en el sistema de justicia. Y para hacerlos efectivos, es urgente que los operadores de justicia –Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, los ministerios, entre otros– sean capacitados en estos enfoques.

Otro aspecto fundamental es la promoción, la protección, y la capacitación en torno a los derechos en las comunidades nativas y campesinas, con énfasis en las mujeres indígenas. En la misma línea se debe garantizar una adecuada implementación del derecho a la consulta previa y los otros derechos colectivos conforme a los estándares internacionales.

Las mujeres indígenas hacemos un llamado para que el Estado realmente cumpla su deber de proteger la vida y la integridad de los defensores y las defensoras de derechos frente a las múltiples amenazas que enfrentan diariamente.