ONAMIAP demanda la restitución de la institucionalidad indígena en el Estado

En el marco del IV Seminario Latinoamericano de Defensa Legal Indígena, Melania Canales, presidenta de nuestra Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), realizó un balance sobre la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Participantes del Panel y Conversatorio “Reflexiones a propósito de los 30 años del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. | Créditos: EarthRights International

“El Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional en nuestro país; sin embargo, la implementación de este Convenio, no ha beneficiado a los pueblos indígenas, sino a las grandes empresas”. Con estas palabras, Melania Canales, nuestra presidenta de ONAMIAP y lideresa quechua, inició su participación en el Panel y conversatorio “Reflexiones a propósito de los 30 años del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Dicho evento formó parte de las actividades del IV Seminario Latinoamericano de Defensa Legal Indígena, organizado por EarthRights International, y que se realiza desde el 10 de junio.

Durante su participación, Melania llamó la atención sobre el hecho de que el Perú firme y ratifique todos los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, pero que, a la hora de la implementación, no los cumpla, tal como ocurre con la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, quienes, hasta la fecha, 20 años después de que el Estado Peruano haya ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, no cuentan con una institución estatal representativa de los pueblos indígena, que sea el ente rector en materia de pueblos indígenas en el país: “En el Perú, no existe institucionalidad estatal de pueblos indígenas. Ese es un tema para nosotros muy importante. Lo que existen son espacios de diálogo, de conversación, como el grupo de trabajo de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura”, señaló nuestra lideresa quechua.

En esa línea, explicó que, en algún momento, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) llegó a ser el ente rector en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero que luego fue despojado de ello, por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, dijo que, desde ONAMIAP, demandamos la restitución de la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado, más allá de los grupos de trabajo o comisiones multisectoriales del Estado, donde participamos algunas organizaciones representativas de los pueblos indígenas, pero no tenemos capacidad de decisión.

Otro de los puntos en la participación de Melania giró en torno a la implementación del derecho a la participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: “La consulta previa que se ha dado en el Perú no es vinculante. Y no tiene el rango que debería tener según el Convenio 169. La consulta previa es un engaño. Es un espacio de diálogo, pero quien decide al final es el Estado. Al final es el Estado el que decide. Y eso es lo que ha pasado con la consulta misma de la reglamentación de Ley de Consulta Previa”, enfatizó Melania Canales. En ese sentido, dijo nuestra organización es crítica a la implementación del Convenio 169 de la OIT en el país, y que seguirán demandando el respeto de nuestros derechos como pueblos originarios a la luz de los tratados internacionales. “Tenemos que pensar en nuestros hijos, nietos. Somos pasajeros. Tenemos que cuidar el territorio para las futuras generaciones”, explicó Melania Canales. Y finalizó su exposición aclarando que, desde ONAMIAP, rechazamos las titulaciones que realiza el Estado, en tanto titula la tierra, pero no los territorios ancestrales. “Eso es lo que está afectando nuestro derecho al territorio. Eso tiene que ver con nuestra libre determinación. Luego, viene la venta de sus terrenos. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Esta consulta no es vinculante, no tiene consentimiento. No suma a lo que son los estándares internacionales”, finalizó.

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