Por un Viceministerio de Agricultura Familiar participativo e indígena

Foto: Andina

El Consejo de Ministros  ha aprobado la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), que cambia su nombre al de Ministerio de Desarrollo Agrario e incluye la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar. El proyecto de ley correspondiente será remitido al Congreso de la República con carácter de urgencia para su pronta aprobación.

En primer lugar, es indispensable definir con claridad lo que se entiende por “desarrollo agrario”, que hasta el momento ha significado precisamente el abandono de la agricultura familiar y la promoción de los monocultivos de exportación. Lo que conlleva a la deforestación y la destrucción de la Amazonía, reduce a la agricultura de las comunidades andinas a una actividad de subsistencia e impone una agricultura monocultural que ignora los valiosos saberes y prácticas ancestrales de producción sostenible.

El Minagri afirma que esta reestructuración es el resultado de un consenso “con los gremios agrarios y otros actores del sector”. Sin embargo, su funcionamiento también deberá ser producto de un amplio proceso de diálogo, con acuerdos vinculantes, que incluya a las organizaciones indígenas nacionales.

Lo anterior está ligado a la soberanía alimentaria, una propuesta de los pueblos indígenas y sus organizaciones que el Estado rechaza sistemáticamente, y que es el derecho a producir y consumir los alimentos que los pueblos deciden. Nuestra biodiversidad y la existencia de diversos pisos ecológicos nos proveen de productos que, con una efectiva e integral promoción, no solo afianzarían la seguridad alimentaria sino que además contribuirían a erradicar la anemia y la desnutrición que afectan principalmente a los niños, las niñas y las personas adultas mayores en nuestras comunidades. Cabe precisar que no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria.

Sabemos que la agricultura familiar provee más del 70% de los alimentos que consumimos en todo el Perú. Y que pese a que hace más de tres años, en octubre del 2015, fue promulgada la Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, el Estado no ha tomado acciones efectivas para cumplirla.

Por el contrario, el Estado persiste en centrar su apoyo a la gran agricultura de exportación, principalmente, costeña, trayendo como consecuencia concentraciones de tierras que superan la extensión de los mayores latifundios previos a la Reforma Agraria de 1969, así como altos consumos de agua y degradación de los suelos.

Necesitamos que el Viceministerio a crearse emprenda acciones para otorgar la seguridad jurídica a los territorios comunales, empezando por incluir a la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr) en su estructura. También, que se rescaten y promuevan los conocimientos y prácticas agrícolas ancestrales indígenas, y que se reconozca el rol protagónico de las mujeres indígenas en la conservación y transmisión de estos saberes, la conservación de semillas nativas, su vulnerabilidad y acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático, así como la soberanía y seguridad alimentarias, garantizando su participación equitativa en la gobernanza territorial.

Todo lo anterior sumado a la asistencia técnica, acceso a mercados, precios justos y fortalecimiento de capacidades contemplados en la Ley N° 30355. Así como el reconocimiento y promoción de la agricultura sostenible, sin agrotóxicos ni semillas transgénicas, el cuidado de las fuentes de agua y el apoyo a los proyectos productivos comunales.

Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), estaremos atentas y vigilantes para que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuente con recursos presupuestales suficientes, capacidad de decisión y participación plena, con voz y decisión, de los pueblos y las mujeres indígenas en el diseño de sus políticas.