ONAMIAP exige al Ejecutivo observar la ley de impunidad policial

Frente a la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso sobre la Ley que otorga protección legal a los agentes de la Policía cuando cometan abusos en el ejercicio de sus funciones, la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) exige al Ejecutivo observar dicha ley a fin de garantizar nuestra vida e integridad cuando ejercemos y defendemos nuestros derechos colectivos.

Represión durante la imposición violenta y no consentida del mega proyecto Conga en Cajamarca. / Créditos: Ernesto Benavides, Supay Fotos

Desde el 2001, 156 personas fallecieron por el uso indebido de la fuerza en contextos de conflicto. El 10% eran niños y el 70% indígenas. Bagua, Conga y Tía María son algunos de los casos donde nuestros hermanos y hermanas resultaron heridos y perdieron la vida a causa de la represión estatal que sufrimos cuando ejercemos y defendemos nuestros derechos colectivos. El Estado, en lugar de investigar, sancionar y reparar integralmente estos crímenes, ha preferido archivarlos, abrir procesos penales en nuestra contra y promulgar leyes para justificar el uso ilegal de la fuerza que viola nuestros derechos humanos y genera impunidad.

Hace poco, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Defensa respecto de la ley de protección policial, que busca proteger a los agentes de la Policía que, en ejercicio de sus funciones, cometan abusos durante su “lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana”. Este proyecto fue presentado por el congresista Jorge del Castillo y elimina los candados al uso de la fuerza que tenía la Policía, generando impunidad y violaciones de derechos humanos frente a los que ejercen su derecho a manifestarse y a quienes ejercemos y defendemos nuestros derechos colectivos por las vulneraciones que sufrimos. ¿Es acaso esta ley una licencia para matarnos?

Desde ONAMIAP, rechazamos la decisión del Legislativo y exigimos al Ejecutivo que observe dicha ley, pues se trata de la legalización de la impunidad, al permitir que los policías puedan utilizar armas sin tener responsabilidad penal cuando cometan abusos en el “ejercicio de sus funciones”. Llamamos la atención de que esta ley sea aprobada en un contexto donde el Estado viene normalizando y promocionando políticas regresivas en derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, frente a un aumento de conflictividad social. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en junio de este año se registraron 178 conflictos sociales, de los cuales más del 60% son de tipo socioambiental.

Señores del Congreso, los pueblos indígenas venimos atravesando momentos de represión y criminalización por el ejercicio y defensa de nuestros derechos colectivos frente a la imposición violenta y no consentida de megaproyectos extractivos y la aprobación de leyes que vulneran nuestros derechos colectivos. Ustedes, lejos de escuchar nuestras demandas y protegernos, con la aprobación de este Dictamen, vienen creando un marco normativo que legaliza la violación de nuestros derechos y pone en riesgo nuestra vida e integridad. Ustedes están allí para protegernos, no para legalizar el uso de la violencia.

Esta ley no le hace un favor a la Policía, pues permite que el abuso de autoridad y la impunidad de los crímenes que puedan cometer contra quienes defendemos colectivamente nuestros derechos.

Cada vez que ejercemos la defensa de nuestros derechos, somos estigmatizados de “violentos”, “antimineros”, “radicales” e incluso nos sindican como “terroristas”. Si para ustedes somos sindicamos de “delincuentes”, ¿qué podemos esperar de este dictamen que solo promueve el uso de la violencia, al disfrazarlo de lucha contra “la delincuencia, el crimen organizado y la defensa de la seguridad ciudadana”?

Este dictamen precisa que el efectivo policial que actúe en contra de la Constitución no incurrirá en responsabilidad penal y no se le aplicará la ley, de acuerdo a los Principios y normas del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos. Eso es legalizar la violación de derechos humanos. ¿Dónde queda la obligación del Estado de cumplir los tratados internacionales de protección de los derechos humanos?

Queremos advertir de que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2009 fue enfática al condenar los hechos de violencia sucedidos en Bagua, donde quedó demostrado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. Y llamó la atención del Estado para que adopte mecanismos a fin de evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. A pesar de las recomendaciones de la CIDH, el Estado se ha centrado en reprimirnos y ahora justificar el uso la violencia policial cada vez que ejerzamos la defensa de nuestros derechos colectivos.

El Congreso está para hacer leyes que garanticen leyes, conforme a la Constitución y a las obligaciones internacionales.

Como organización representativa de las mujeres y los pueblos indígenas en el Perú, instamos al Poder ejecutivo observar esta ley por ser contraria a la Constitución y a las normas internacionales de derechos humanos y demandamos su archivamiento al Congreso de la República.

Basta ya de justificar la violencia para reprimir nuestras luchas por la defensa de nuestros derechos. Los pueblos indígenas seguiremos en pie de lucha hasta que el Estado cumpla con respetar nuestros derechos que hemos conquistado con gran esfuerzo y valentía.