ONAMIAP rechaza decisión del Ejecutivo para imponer el megaproyecto Tía María

Desde ONAMIAP, rechazamos la decisión del gobierno de otorgar la autorización para la construcción del megaproyecto minero Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa.

El gobierno le ha dado autorización a la empresa mexicano-norteamericana Southern Copper Perú para la construcción del megaproyecto minero Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa. Ello, a pesar del rechazo mayoritario por parte de nuestros hermanos y hermanas del Valle de Tambo. Ante lo sucedido, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), manifiesta lo siguiente:

1. Es responsabilidad del Gobierno tomar en serio la defensa de la vida de nuestros hermanos y hermanas del Valle de Tambo antes de favorecer los intereses de una empresa transnacional minera, cuyo presidente Óscar González Rocha, el 11 de noviembre de 2013, fue acusado por el delito de contaminación del medio ambiente por el caso de los relaves vertidos, durante décadas, en la bahía del distrito de Ite (Tacna).

2. El rechazo mayoritario de nuestros hermanos y hermanas del Valle de Tambo lleva ya 10 años. Y es una oposición válida, que toma como modelo de desarrollo la agricultura y no el extractivismo, al ser respetuosa del ambiente y la naturaleza. Allí, viven pequeños productores agrícolas, que producen principalmente arroz, papa, cebolla, tomate y maíz. También, hay quienes se dedican a la ganadería y a la extracción de camarón. La producción agraria y pesquera artesanal en el ámbito del Valle de Tambo es la despensa alimentaria local y del sur del país, y genera directamente 272 millones de soles anuales. A ello se suma que las actividades agropecuarias generan alrededor de 7,300 puestos permanentes y alrededor de 3,000 empleos. Las actividades de pesca artesanal generan directamente alrededor de 700 empleos permanentes. Si el Gobierno realmente se preocupara por la defensa de la vida, declararía la inviabilidad de Tía María.

3. La autorización de la construcción del megaproyecto Tía María no hace sino reactivar un conflicto social, que costó la vida de siete personas, seis agricultores y un policía, entre los años 2011 y 2015. Y, hoy, nuevamente, el Gobierno busca militarizar la zona para defender intereses de empresas extractivistas y no del pueblo. Rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza que realiza el Estado para “llamar al orden”, pues simplemente es un abuso de poder para someter a la población, y generar más violencia. ¿O acaso los militares han sido entrenados para persuadir a la población en nombre de un Primer Ministro y Presidente que hasta ahora no han ido a la zona para escuchar a los afectados y que, en lugar de ello, ha decidido imponer por la fuerza un modelo de desarrollo extractivista? Los seis meses de ocupación militar en el 2015 solo sirvieron para vulnerar derechos.

4. Múltiples impactos ambientales ya han sido advertidos, que se producirían por ruidos, emisión de gases y material de desmonte. Los ruidos ahuyentarían a los animales tanto silvestres como del ganado existente en las microcuencas aledañas y el Valle de Tambo. Asimismo, el alcance de los gases tóxicos que se emitirían al aire por las voladuras y el tránsito de vehículos pesados, también contaminarían el aire. Las voladuras afectan a zonas aledañas, deteriorando infraestructuras, y sobre todo modificando los flujos por los que circula el agua subterránea, lo que provoca la desaparición de manantiales usados por nuestros hermanos y hermanas. La presencia de sulfuros en los yacimientos mineros constituye una fuente de contaminación de las aguas subterráneas, El depósito de ripios genera aguas ácidas. Los desmontes de la mina serían depositados en la microcuenca de la quebrada Cachuyo. Con la autorización del megaproyecto Tía María, el Gobierno condena a muerte a todo un Valle y a quienes allí habitan. ¿Acaso el cobre vale más que la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación?

5. Impactos ambientales, sociales, económicos, a la soberanía y la seguridad alimentarias. Todo esto es ignorado conscientemente por un Estado y sus sucesivos gobiernos que se empeñan en profundizar un modelo económico insostenible, contrariando tratados y compromisos internacionales, vulnerando derechos y atentando contra la vida.

6. Desde ONAMIAP rechazamos la decisión del gobierno de otorgar la autorización a este megaproyecto. Nos solidarizamos con la lucha de Islay y llamamos a hacerlo a las organizaciones indígenas y del movimiento social, así como a las instituciones defensoras de los derechos humanos colectivos e individuales. ¡Por la defensa de la vida y el agua!