Megaproyecto Tía María: ¿Y la nulidad para cuándo?

Pese a que el Gobierno decidió suspender de 3 a 4 meses, la licencia de construcción del megaproyecto minero Tía María, en la región de Arequipa, la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advierte que esta medida no garantiza que el Estado respete la decisión de nuestras hermanas y hermanos de vivir sin actividad minera en sus territorios; pues las concesiones siguen sin anularse.

Todavía queda en nuestra memoria las palabras del presidente Vizcarra cuando dijo que, si nuestras hermanas y hermanos no querían el megaproyecto Tía María, este no iría, porque que el gobierno tenía toda la disposición a dialogar con ellos. Promesas que el viento se llevó. Y que siguen sin cumplirse, pese a que el Consejo Nacional de la Minería decidió suspender de 3 a 4 meses la licencia de construcción de dicho megaproyecto. ¿Este es el fin del conflicto en Tía María?

Desde ONAMIAP, advertimos que esta medida no garantiza que el Estado respete la decisión de nuestras hermanas y hermanos a vivir sin actividad minera en sus territorios, pues las concesiones siguen sin anularse.

Suspender implica que, en cualquier momento, cuando la coyuntura nos lleve a enfocarnos en el circo político peruano, el Gobierno pueda dar luz verde al megaproyecto Tía María. Y esto es lo realmente preocupante, cuando somos testigos de cómo este gobierno impone, por la fuerza, megaproyectos de “inversión” para los lobbies turísticos y las transnacionales mineras, sin ser respetuoso de los derechos colectivos e individuales que tenemos quienes habitamos, poseemos o utilizamos esos territorios, y que antes fueron ocupados por nuestros ancestros.

Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos duele más que otros años. Porque mientras, por un lado, el Gobierno de Vizcarra organiza conversatorios para exhibir nuestra diversidad cultural y es aplaudido por “suspender de manera indefinida la licencia de construcción del megaproyecto Tía María”; por el otro lado, continúa con la aprobación de decretos violatorios de los derechos humanos y nos criminaliza por la defensa de nuestros territorios.

Anabella Pucho fue herida el 5 de agosto; Carlos Tapia, el 7 de agosto. Ambos fueron heridos de bala en el paro que la región Arequipa acató, como señal de oposición al megaproyecto Tía María. Sin embargo, el ministro del Interior Carlos Morán, desde que se hizo público el caso de Anabella, negó que la Policía use armas letales en la zona. ¿Será acaso que la represión estatal parará con la suspensión temporal de la licencia de construcción del megaproyecto Tía María?

El 3 de agosto, a través de la Resolución Suprema N° 080-2019-IN, el Gobierno autorizó el envío de militares a la zona, provincia de Islay, región Arequipa. Supuestamente, como “apoyo a la labor de seguridad y orden que prestan los policías, frente al paro indefinido” que llevaban a cabo nuestras hermanas y hermanos en oposición al megaproyecto Tía María. Hoy que el Gobierno anunció la suspensión de Tía María, nuestras hermanas y hermanos han señalado que levantarán el paro en señal de creer en la buena fe del Gobierno, para que respete su decisión de rechazar la actividad minera en sus territorios. Sin embargo, llamamos la atención que, pese a ello, hasta ahora el Ejecutivo no ha promulgado algún Decreto para desmilitarizar la zona. ¿Cuándo piensa hacerlo?

Sabemos que la militarización del Valle de Tambo es una medida inconstitucional, pues desnaturaliza el rol de las fuerzas armadas, al permitir que los militares hagan uso desproporcionado de la fuerza, mediante el uso de armas de fuego de largo alcance para “mantener el orden interno”, función de la Policía.
Desde ONAMIAP, rechazamos que el Gobierno haya autorizado la intervención militar en Islay. Y llamamos la atención de que esta resolución haya sido promulgada días después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el dictamen de la Comisión de Defensa respecto de la ley de protección policial, que busca proteger a los agentes de la Policía que, en ejercicio de sus funciones, cometan abusos durante su “lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana”.

Esperamos que el Decreto de Militarización de la Islay sea derogada lo antes posible, pues ofrece el escenario perfecto para que se siga criminalizando y reprimiendo a quienes defendemos nuestros territorios y modelos de desarrollo, basados en la agricultura y la ganadería, opuestos a los intereses de las grandes empresas.

La situación de Tía María es más preocupante si tomamos en cuenta que las concesiones mineras en la provincia de Islay representan el 96.2% de todo el territorio.
Hoy, el Gobierno ha decidido suspender el megaproyecto, pero las concesiones mineras siguen. En ese sentido, demandamos al Estado la nulidad de todas las concesiones mineras ubicadas en Islay, en respeto a los derechos colectivos e individuales de nuestras hermanas y hermanos del Valle de Tambo, que nunca dieron su consentimiento al desarrollo de actividades mineras en sus territorios. Y que hoy mantienen sus propias instituciones económicas, culturales y sociales, basadas en la agricultura.

Los pueblos y mujeres indígenas del país no podemos quedarnos sin hacer nada mientras vemos cómo el Gobierno reafirma las bases del modelo neoliberal, a través de Decretos y Planes Nacionales.

Nosotras llamamos a todas las organizaciones indígenas y a toda la sociedad organizada a no bajar la guardia. Los derechos no se negocian. Y conformarnos con migajas es aceptar que pueden pisotearnos en nombre de un “desarrollo” hecho para pocos. A más injusticia, más organización.