Gobierno usa la reactivación económica para anunciar vulneración de nuestros derechos a la consulta y a la autoidentificación

Desde ONAMIAP, alertamos que el gobierno peruano viene utilizando la reactivación económica para anunciar la vulneración de nuestros derechos a la consulta y a la autoidentificación, con el objetivo de intensificar las actividades extractivas.

Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), alertamos a los organismos internacionales de derechos humanos y a la opinión pública que el Gobierno peruano viene utilizando la reactivación económica para anunciar la vulneración de nuestros derechos a la consulta y a la autoidentificación, con el objetivo de intensificar las actividades extractivas. Se trata de la “consulta virtual” del megaproyecto minero aurífero San Gabriel, ubicado en Moquegua.

El anuncio fue formulado por la ministra de Economía y Finanzas,  María Antonieta Alva, quien informó además que su cartera financiará al Ministerio de Cultura para que identifique todos los pueblos originarios del país, con el objetivo de acelerar el desarrollo de proyectos mineros, entre los que mencionó Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín).

Desde ONAMIAP, le recordamos a la ministra Alva y al presidente Vizcarra que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite para legitimar las actividades extractivas en nuestros territorios. La consulta previa es un derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas y que se encuentra reconocido nacional e internacionalmente, en el ejercicio de nuestra libre determinación. Más aún, la CIDH ya se ha pronunciado y ha señalado que la imposición e implementación de procesos consultivos a través de plataformas digitales representaría una vulneración al derecho a la participación real y efectiva de los pueblos indígenas. Esto, debido a la discriminación estructural, a las grandes brechas digitales en nuestros pueblos y a la falta de mecanismos culturalmente pertinentes e interculturales que aún hoy no existen en las políticas del Estado con los pueblos indígenas. Más aún, en esta situación, las mujeres indígenas somos las más vulnerables, debido a las altas tasas de desigualdad presentes en nuestro país y en América Latina.

El ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado debe basarse en la jurisprudencia del sistema interamericano y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, una vez más y con la excusa de la reactivación económica, el Estado pretende pasar por alto esta obligación y sigue tergiversando nuestro derecho, a tal punto que ya su implementación nos hace más daño que otra cosa. Y es que, en este país, la consulta previa es un saludo a la bandera, pues no se nos consulta las concesiones, tampoco está adecuada a la normativa internacional y ahora pretende hacerse de manera virtual.

¿No sabe la ministra de Economía y Finanzas que las grandes brechas estructurales impiden a nuestros pueblos indígenas ejercer sus derechos “en la misma medida que otros sectores de la población”? En esas condiciones, una consulta virtual no es libre ni informada y mucho menos de buena fe, como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Está además el peligro de que el Ministerio de Economía y Finanzas financiará al Ministerio de Cultura (MINCU) para “la identificación total de los pueblos originarios, que va a permitir trámites más eficientes y que seamos más competitivos”. Para nosotras, esto es sumamente preocupante, debido a que, con esta medida, se está vulnerando nuestro derecho a la autoidentificación, que representa además una manifestación de nuestra autonomía y libre determinación.

Nuevamente, vemos que la labor del MINCU está orientada solo a la identificación de pueblos indígenas, con el objetivo de que el Estado lleve a cabo sus denominados procesos de consulta previa y no a respetar uno de nuestros derechos inherentes: la autoidentificación. Esto, pese a que el derecho internacional obliga a los Estados a garantizar plenamente el goce efectivo este derecho, quedando prohibido su instrumentalización para restringir, impedir y/o negarnos nuestros derechos colectivos. En ese sentido, queremos aclarar que el MINCU solo tiene competencia para identificar y registrar en una base de datos a los pueblos indígenas que deben ser consultados, mas no para determinar si los pueblos son o no son indígenas.

La base de datos no otorga ni restringe derechos, lo esencial es la autoidentificación de los pueblos indígenas. Y eso sigue sin ser tema de agenda para el gobierno. Y hoy, el gobierno decide acelerar la identificación de los pueblos indígenas solo para despojarnos de nuestros territorios, cuando el Estado debería proteger nuestros derechos y garantizar que podamos ejercerlos en igual de condiciones que las personas no indígenas. Peor aún hemos venido pidiendo presupuesto para salud y no nos responden, pero sí dan dinero para las grandes empresas.

Le recordamos al Estado que las y los indígenas también estamos en las ciudades. ¿Qué medidas están tomando para garantizar la vida digna de nuestras hermanas y hermanos en las ciudades, como la educación intercultural bilingüe, la salud, entre otros?

Cuando inició la pandemia, desde ONAMIAP, advertimos sobre el peligro que existía ante lo que vendría después de la cuarentena: la reactivación de la economía. Y aquí, estamos con un gobierno usa la reactivación económica como “justificación” para despojarnos sistemáticamente de nuestros territorios y explotar a la Madre Tierra. Nosotras no permitiremos que pisoteen nuestros derechos en nombre de un “desarrollo” que solo favorece a los más ricos. Hoy, volvemos a alzar nuestras voces y decimos juntas que estamos alertas, ¡estamos en resistencia!