¡Justicia, reparación y atención prioritaria para víctimas de esterilizaciones forzadas!

Resolución del MINJUS para conformación de grupo de trabajo no habla de justicia ni de reparación para víctimas de esterilizaciones forzadas y tampoco permite que organizaciones de personas afectadas participen efectivamente, sino sólo como invitadas.

Han pasado 25 años desde que se empezó a implementar la política estatal de esterilizaciones forzadas y cinco años desde que el Decreto Supremo 006-2015-JUS estableció la obligación de brindar atención prioritaria a las personas afectadas por esta política, la gran mayoría indígenas andinas y amazónicas. Y ahora, el 14 de agosto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), emite la Resolución Ministerial 016-2020-JUS para conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de este tema.

Dice la norma que esto se hace en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, a apenas un año del plazo de ejecución. Todo esto demuestra la absoluta indiferencia por las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, que llevan más de dos décadas esperando justicia y reparación. Y esa es la primera deficiencia de esa norma: habla de atención de sus necesidades, no de justicia ni de reparación.

Un segundo gran problema es la conformación del Grupo de Trabajo: dos representantes del propio MINJUS, uno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otro del Ministerio de Salud. Solo agrega que “puede invitar” a las organizaciones de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas. Cuando la Mesa de Trabajo estableció como obligatoria esta participación de las víctimas y de la sociedad civil.

La resolución ministerial tampoco toma en cuenta que la mayoría de personas afectadas son mujeres indígenas, que además de ser sometidas a esterilizaciones contra su voluntad e incluso conocimiento, siguen sufriendo estigmatización por parte de sus familias y comunidades, así como secuelas en su salud física y mental, además del abandono estatal.

La atención prioritaria establecida como obligación por el Decreto Supremo 006-2015-JUS nunca se cumplió, lo cual se ha hecho evidente en el contexto de la pandemia del coronavirus: ni el MINJUS, ni el MINSA ni el MIMP han tomado acciones para darles atención. Menos el Ministerio de Cultura como supuesto encargado de las políticas para pueblos indígenas y que ni siquiera ha sido considerado para la conformación del Grupo de Trabajo.

Coordinar, promover y fortalecer las acciones estratégicas orientadas a la atención de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, a través de la intervención coordinada y articulada entre los sectores involucrados.

Otro grave problema de la resolución ministerial es que al Grupo de Trabajo tiene una vigencia que concluye el 31 de julio del 2021. Es decir, menos de un año para cumplir tres funciones: articular la acción de la Mesa de Trabajo y promover la participación de otras entidades competentes; elaborar un diagnóstico integral sobre la situación de la población afectada por las esterilizaciones forzadas (sin participación de esas personas) y formular los lineamientos para la intervención estatal.

Todo esto constituye no solo una expresión de indiferencia sino también de falta de respeto e incluso una burla a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Exigimos justicia y reparación, con participación de las organizaciones indígenas y enfoques de derechos, intercultural y de género. Basta de postergación. ¡Justicia, reparación y atención prioritaria ahora!