Retornantes: desafíos en la gobernanza territorial colectiva y la reactivación económica

Webinar realizado por ONAMIAP abordó la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas en este contexto de pandemia y la situación de abandono en que se encuentran por parte del Estado.

El proceso de retornantes indígenas a sus comunidades de origen está provocando conflictos debido al abandono del Estado en materia de salud, educación, agricultura y derechos territoriales. Sin embargo, ha impulsado también la defensa de nuestra identidad cultural y la recuperación de nuestros saberes y prácticas ancestrales.

Así coincidieron en señalar los y las panelistas del conversatorio virtual “Retornantes: desafíos en la gobernanza territorial colectiva y la reactivación económica”, realizado el miércoles 16 de setiembre por ONAMIAP.

Participaron como panelistas y brindaron sus testimonios las dirigentas indígenas de las bases de ONAMIAP: Guadalupe Flores, presidenta de la Asociación de Mujeres Sumac Tika, Puno; Mayra Macedo, presidenta de OCIDMUSHI, Loreto; y Élida Ramírez, presidenta de FEMUPA, Huancavelica; junto con el especialista Omar Rossel de la Asociación SER, Ayacucho.

En sus exposiciones, se refirieron a la falta de organización y apoyo del Estado para los procesos de retorno. Se trata de indígenas residentes en las ciudades, ocupados en trabajos informales, a quienes la cuarentena decretada por la pandemia obligó a regresar a sus comunidades de origen por falta de ingresos económicos para sobrevivir.

Entre los problemas causados por este retorno mencionaron la falta de pruebas, medicamentos y materiales de bioseguridad, así como de locales específicos para el aislamiento, lo que obligó a las comunidades a improvisar sus propios protocolos. Además, la escasez de alimentos y de tierras para brindar a las familias retornantes. Los y las retornantes tampoco han tenido acceso a bonos y canastas de alimentos ni a la educación virtual.

Las familias retornantes llegan con una nueva mentalidad, las nuevas generaciones no conocen el modo de vida comunal. Ello, unido a las pocas tierras de cultivo y la falta de ingresos económicos por el cierre de los mercados para sus productos, ha causado conflictos en las comunidades, donde las personas retornantes están pidiendo titulación individual de las parcelas, al estar desconectadas de los principios de propiedad y trabajo colectivos.

Este es un problema más grave para aquellas comunidades campesinas y nativas que carecen de título de propiedad, por lo que en el conversatorio se destacó que la seguridad jurídica territorial es una de las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas.

Sin embargo, también se destacó lo positivo del retorno, como la recuperación de prácticas como el ayni y la ayuda mutua, del uso de las plantas medicinales y de la identidad cultural.

Entre las propuestas formuladas, están la necesidad de data diferenciada sobre los contagios y muertes por COVID 19 para los pueblos y las mujeres indígenas, el apoyo a sus iniciativas productivas y emprendimientos económicos, la implementación del plan de agricultura familiar y el congelamiento de las deudas.

Todo ello sin olvidar que el Estado debe cerrar la deuda histórica con los pueblos indígenas: su seguridad jurídica territorial.