Cambio de gobierno y continuidad de las políticas de despojo territorial

Las crisis afectan siempre más a los sectores más vulnerables, entre ellos a los pueblos y las mujeres indígenas. Y es que las supuestas soluciones solo significan la continuidad de las políticas que vulneran los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El presidente de la República ha sido vacado y sustituido, pero los planes de reactivación económica siguen intactos.

Son planes que afectan directamente nuestra gobernanza territorial, no solo porque excluyen la reactivación de nuestra economía indígena, sino porque promueven todas las diversas formas de despojo. Se está promoviendo la titulación de predios individuales ocupados informalmente, sin importar que estén o no dentro de nuestras comunidades. Mientras tanto, la titulación colectiva está prácticamente paralizada y la seguridad jurídica de nuestros territorios sigue siendo una deuda con nuestros pueblos secularmente impaga.

Y a las mujeres indígenas también nos bloquean el derecho a participar en la gobernanza de nuestros territorios. Tenemos una ley que establece una cuota de 30 por ciento de hombres y mujeres en las juntas directivas comunales. Pero no se puede implementar si el reconocimiento y titulación de nuestras comunidades están paralizados y las oficinas de Registros Públicos cerradas para actualizar la inscripción de nuestras directivas.

¿Cómo ejercer la defensa de nuestros territorios frente a un Estado que no los reconoce y promueve el despojo? Con nuestra organización y nuestra exigencia de derechos. Es también una forma de despojo la prioridad de la actividad forestal en la reactivación económica. Nuestros bosques son arrasados por esa actividad.

Y lo son también por la promoción de los monocultivos y, dentro de ello, la aprobación por el Ministerio de Agricultura, sin someterlo a consulta previa, de un Reglamento de Gestión Forestal que establece una moratoria de dos años para convalidar actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental. Por ejemplo, las compañías Ocho Sur U SAC, Ocho Sur P SAC y Tamshi SAC carecen de certificación ambiental y son investigadas por deforestación en la Amazonía. Y la agricultura comunal que abastece de alimentos a todo el país sigue abandonada.

Este Estado, quien quiera que esté en el gobierno, no nos da seguridad y tranquilidad para ejercer nuestra gobernanza territorial. El martes 3 de noviembre, la policía nacional y agentes de la minera Gold Fields invadieron los predios de la comunidad Pilancones, en el Tingo, Hualgayoc – Bambamarca, región Cajamarca y destrozaron sus camas, servicios de cocina y robaron dinero.

Para eso usan a la policía que, en cambio, no hace nada para proteger a nuestros defensores y nuestras defensoras territoriales y ambientales amenazados y asesinados por las mafias de minería y tala ilegal y del narcotráfico.

Cómo proteger nuestro derecho a la salud si la actividad minera sigue llevando el contagio del COVID-19 a nuestras comunidades andinas y se siguen produciendo derrames petroleros en nuestra Amazonía.

La crisis no exige solo un cambio de gobierno sino una transformación integral de la política, que ponga la vida y los derechos por encima de la reactivación económica y que nos garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos territoriales como pueblos y como mujeres indígenas.