¡Gobierno del Partido Morado prefiere la “tranquilidad” de inversionistas por encima de la vida!

La represión contra los trabajadores y las trabajadoras de la agroindustria está superando todos los límites. Están asesinándolos. Los y las persiguen, intervienen sus teléfonos, ingresan a sus casas. Se está imponiendo un estado de terror para mantener un repudiable régimen de esclavitud moderna que atenta contra todos los derechos.

En menos de dos meses, este gobierno, encabezado por Francisco Sagasti del Partido Morado, va contando tres muertes: Jorge Muñoz Jiménez, K.N.R.C (de 16 años) y Reynaldo Reyer Ulloa. ¿Cuántos muertos más esperan para reaccionar este gobierno?, ¿la muerte de Inti y Bryan no significó nada más que un uso político el día de su juramentación?, ¿la impunidad va a perdurar en estos casos? Hay un Estado para el que solo las ganancias de los ricos tienen valor, para el que las vidas de quienes luchamos por derechos no valen nada.

Lo dijo Susana Quintanilla Huarancca, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica: los están tratando peor que a perros. Es la ideología del “perro del hortelano” que provocó la Masacre de Bagua, es la ideología discriminadora, clasista y racista según la cual las personas indígenas, los trabajadores y las trabajadoras somos “ciudadanos de segunda categoría”.

Y los medios de comunicación que antes fingieron indignarse hoy critican la supuesta violencia de las marchas y callan ante las muertes de tres trabajadores, haciendo cómplices y portavoces de ese racismo y ese clasismo estructurales.

Exigimos al gobierno parar con el asesinato de trabajadores y trabajadoras que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Basta ya con la represión y la criminalización de la protesta, urge garantizar el ejercicio de derechos, desterrar para siempre ese régimen de esclavitud en la agroindustria, acabar en la práctica con los privilegios a sectores explotadores: minería, petróleo, agroindustria. El Estado debe defender la vida en todas sus dimensiones.

Hoy tres familias lloran la ausencia de sus seres queridos y no fue la pandemia del Covid 19 la que los mató sino las balas de la otra pandemia, que es la explotación laboral. Exigir salarios y condiciones dignas de trabajo en nuestro país es sinónimo de muerte.

La titular del Concejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reconoce el derecho a la protesta, pero pide que se “lleve a cabo en forma pacífica”. Al parecer a la premier los 20 años de explotación que los trabajadores llevan esperando pacientemente la mejora de su situación no son suficientes. Entonces, ¿cómo confiar en este gobierno de transición que tiene en la presidencia a un representante de un partido claramente ligado a grupos empresariales? Un gobierno que insiste en el mismo modelo económico impuesto por la constitución fujimorista y que ha dicho que “no es el momento” para, 17 años después, cambiar esa constitución por una que garantice todos los derechos; y no tener que lamentar las muertes de tantos peruanos y peruanas.

Basta ya de defender “la institucionalidad democrática” racista, clasista y machista. Hoy es más urgente que nunca cambiar de raíz este sistema explotador y asesino de personas y de la Pachamama. Si no nos articulamos, si no somos firmes en condenar los asesinatos de nuestros hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, si el Partido Morado u otro similar llegan al gobierno, nos espera un estado de terror institucionalizado por lo menos en los próximos cinco años.

¡Por una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria!

¡Justicia para los trabajadores y las trabajadoras!