Miles de trabajadores mineros contagiados llevan el Covid-19 a nuestras comunidades

El Sindicato de Obreros Mineros de Shougang ha denunciado que en su campamento hay treinta trabajadores contagiados de Covid-19, que ya suman cuatro muertos y cuatro están en cuidados intensivos. Esto porque la empresa no cumple con los protocolos sanitarios. Es gravísimo, porque según la Federación Minera, a nivel nacional la cifra de trabajadores contagiados supera los diez mil, llevando el contagio a las comunidades en cuyos entornos operan.

En la primera cuarentena, la minería continuó operando y recibió múltiples beneficios económicos, como el fraccionamiento y aplazamiento de deudas tributarias. Muchas empresas, incluida Shougang, que opera en Ica, se acogieron a la llamada “suspensión perfecta de labores” para aplicar despidos arbitrarios. La reactivación económica puso la minería en primer lugar y en esta segunda cuarentena esa medida continúa.

A diciembre del 2020, existían en el Perú 129 conflictos socioambientales, entre ellos 82 del sector minero y 23 de hidrocarburos. Los conflictos socioambientales representan el 68% del total de conflictos sociales. Porque al despojo territorial y la contaminación ambiental, principalmente de fuentes de agua, se suma el riesgo de contagio de Covid-19.

Otro tema grave es el de los pasivos ambientales, que suman 8848 en todo el país. Existen más de cien cabeceras de cuenca afectadas a nivel nacional, por impacto de la minería. Otro de sus terribles impactos es el de las personas afectadas por metales pesados, que superan los diez millones, casi la tercera parte de la población nacional.

Pero el Estado, cualquiera sea el gobierno, sigue privilegiando a las grandes empresas extractivas, por encima de la vida, la salud y todo el conjunto de derechos humanos individuales y colectivos. Mientras tanto, la economía indígena está abandonada. Dentro de los pueblos indígenas, las mujeres indígenas somos las más afectadas, porque tenemos en nuestras manos el cuidado de la salud, el agua y la alimentación.

Entre las muchas medidas dictadas durante la pandemia que flexibilizan las normas ambientales, además las laborales y tributarias, está la ampliación por un año de las autorizaciones, sin fiscalización previa, la exoneración de reportes ambientales y la modificación del reglamento de protección ambiental, autorizando perforaciones como parte de la prospección, lo que no requiere licencia social. Y no hay exigencia de retornar las tierras a su situación original.

Peor aún: está el anuncio de realizar procesos virtuales de consulta previa, que no garantizan en lo más mínimo los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT. Y otro anuncio igualmente grave: el de cambiar la consulta previa por “acuerdos” para la etapa de exploración, olvidando que se trata de un derecho y no de un simple trámite administrativo.

El de Shougang es solo una de las decenas de casos de empresas mineras cuyos trabajadores están desprotegidos y crece el número de trabajadores contagiados en todo el país. Exigimos que se detenga la actividad minera, que se respete irrestrictamente nuestros derechos territoriales, a la consulta y el consentimiento previos libres e informados, a la vida y la salud.