No queremos una consulta previa excluyente

Desde ONAMIAP rechazamos los distintos intentos del Estado peruano de llevar a cabo procesos de consulta sin garantizar la salud y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. El pasado viernes 26 de marzo Melania Canales, presidenta de la ONAMIAP, y Liliana Gadea, asesora legal dialogaron con Marilyn Céspedes, historiadora y entrevistadora del portal periodístico Gran Angular. Aquí nuestro balance.

Recordemos que, si bien el Convenio 169 de la OIT entró en vigor en el año 1995 y tiene rango constitucional, los gobiernos nunca quisieron implementarlo. Es recién en el 2009, luego de los lamentables hechos del Baguazo, que se promulgó la Ley de Consulta Previa, pero con límites que no garantizan los estándares internacionales ni el consentimiento de los pueblos. En consecuencia, en estos 10 años de implementación de la consulta previa definitivamente no se ha garantizado un adecuado diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas

En primer lugar, por la falta de accesibilidad en su etapa informativa. Los ministerios presentan informes muy técnicos, sin enfoque intercultural, y no muestran directamente qué derechos de los pueblos indígenas serán afectados. La interculturalidad debe respetar no sólo nuestro idioma, sino también nuestra espiritualidad, nuestros propios modos de vida, nuestras formas de organizarnos y tomar decisiones, así como nuestra relación con la madre naturaleza. Sin esas condiciones, la actual manera de implementar la consulta previa da continuidad a la colonización histórica.

Un ejemplo de esto es que recientemente el Ministerio de Cultura, ente rector en materia de pueblos indígenas, impulsó un proceso de consulta virtual sin las garantías mínimas. Rechazamos la virtualidad como medio para la consulta previa debido a las grandes brechas de desigualdad que existe en la gran mayoría de comunidades, como el acceso a electricidad, internet y tecnología como computadoras y software, y también porque no garantiza metodologías interculturales. El Ministerio de Cultura finalmente tuvo que retroceder ante la negativa de las bases de las organizaciones consultadas.

Lamentamos que el Estado peruano no responda a los diversos cuestionamientos hacia la consulta previa, así como que no implemente la consulta previa legislativa, no dejando otro camino que el de la lucha permanente mediante litigios estratégicos, o recurriendo a las instancias internacionales de protección de derechos humanos.

SIN CONSENTIMIENTO NO HAY CONSULTA

El estándar interamericano señala que el objetivo de los procesos de consulta previa es obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, más aún cuando se trata de planes de desarrollo e inversión a gran escala que afecten de manera significativa el territorio de los pueblos indígenas. Lamentablemente, en nuestro país hasta ahora no se respeta el derecho al consentimiento previo, libre e informado.

Ante la intención del MINEM de impulsar “acuerdos previos”, recordamos que la Corte Suprema del Perú, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH) han diferenciado claramente los procedimientos de participación ciudadana y los procesos de consulta previa: ningún proceso de diálogo o participación tiene la misma validez que la consulta previa. Asimismo, señala que la participación de empresas en el proceso de consulta violenta el proceso.

CONSULTA PREVIA EN PANDEMIA

Como organización indígena tenemos la responsabilidad de exigir y defender nuestros derechos, y en ese sentido el reto actual más grande es la imposición de la consulta virtual. Pedimos que se respete lo estipulado por la CIDH: la virtualidad es inaccesible, y en sí misma vulnera el contenido fundamental del derecho a la Consulta. La CIDH también instó a los Estados latinoamericanos a abstenerse de emitir normas y leyes que afecten los derechos de los pueblos indígenas por la imposibilidad de llevar a cabo reuniones, que son fundamentales para desarrollar procesos de consulta.

No nos negamos a la consulta previa, pero esta debe ser presencial y cumplir con todos los protocolos de salud.

ELECCIONES Y LA AMENAZA DE LA ‘REACTIVACIÓN ECONÓMICA’

Resulta preocupante que casi ningún plan de gobierno de los partidos que compiten en las próximas elecciones generales mencione a los pueblos indígenas. Los partidos políticos ignoran o desconocen nuestra existencia por su misma centralidad. Lamentablemente, el próximo Congreso carecerá de representación indígena. No se nos toma en cuenta en esa representatividad porque los partidos políticos no nos representan. Planteamos que se incluya a las propias organizaciones en procesos electorales para hacer oír las voces de los pueblos indígenas en el debate nacional.

Finalmente, nos alerta que la gran mayoría de propuestas políticas mencionen la prioridad de la reactivación económica basada en retomar proyectos extractivos y de infraestructura ‘cueste lo que cueste’, sin considerar que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y de la madre naturaleza. En eso se basa el racismo estructural del país, en pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas. La reactivación económica debe compatibilizar con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de los pueblos indígenas y de protección de la naturaleza.

Puedes ver la entrevista completa aquí: