Cambiemos radicalmente el modelo criminal instaurado hace 29 años

Han pasado 29 años desde que la noche del 5 de abril de 1992 se inició en el Perú un proceso de recorte y negación de derechos humanos individuales y colectivos y de institucionalización de la corrupción estatal. Casi tres décadas después, ese proceso no se ha detenido y, peor aún, amenaza con profundizarse.

El autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, un presidente que en campaña electoral había prometido “honradez, tecnología y trabajo”, marcó un hito en la historia del despojo de derechos y criminalidad desde el poder. Tanto la promesa de un rostro nuevo en el gobierno como del retorno a la democracia fueron solo más traiciones.

Porque la dictadura fujimorista impuso una constitución para legalizar el capitalismo salvaje, el neoliberalismo extractivista que desmanteló el Estado para beneficiar a las grandes empresas a costa de la vida, de la destrucción de la Madre Naturaleza, de todo tipo de derechos. El Estado fue convertido una organización criminal. Sí, pueden decirnos que siempre hubo corrupción en el Perú, pero nunca antes se hizo de Estado una mafia de crimen organizado.

Una mafia que asesinó y robó. Despojó a los pueblos indígenas de nuestros derechos territoriales al arrebatar a nuestras comunidades su carácter de inalienables e imprescriptibles, despojó de los derechos laborales a los trabajadores y las trabajadoras, esterilizó a decenas de miles de mujeres indígenas, firmó vergonzosos y entreguistas contratos de estabilidad con las grandes empresas mineras, malbarató las empresas públicas y nunca explicó el destino del dinero recaudado por esos remates.

Y asesinó: masacres en comunidades, asesinatos selectivos. Un comando de aniquilamiento del ejército, el llamado Grupo Colina, secuestró, mató y desapareció a quienes el dictador y su socio Vladimiro Montesinos consideraron peligrosos. Con los poderes legislativo y judicial copados, con un Tribunal Constitucional digitado desde el servicio de inteligencia, con los medios de comunicación comprados o amenazados, toda esta podredumbre era cubierta por un manto de impunidad.

La movilización popular logró la caída de la dictadura fujimorista, pero no de su modelo político y económico. La ilegítima Constitución de 1993 solo ha sido mínimamente maquillada por los sucesivos gobiernos, pero lo esencial no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado. La herencia fujimontesinista hoy nos amenaza con más fuerza.

Amenaza a diario nuestras vidas al haber convertido la salud en un negocio, que nos deja a merced de la pandemia, matándonos de la manera más cruel. Y no existe un solo movimiento político con arraigo social que busque o sea capaz de emprender cambios estructurales. En las mismas condiciones que se mantienen o agudizan desde hace 29 años, solo podemos esperar la continuidad y profundización de este modelo criminal.

Es hora entonces de exigir, uniendo todas las voces, una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria que siente las bases para construir un nuevo Perú, donde los derechos humanos individuales y colectivos de todos y todas estén garantizados, donde se reconozcan y respeten los derechos de la Madre Naturaleza, donde nos encaminemos, por fin, al Buen Vivir / la Vida Plena.