Con insistencia en elegir al Tribunal Constitucional busca impunidad para la corrupción

Los actuales congresistas de la República no representan al pueblo sino al poder económico y a la corrupción. Por eso su terquedad en elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a estar de salida y a existir una resolución judicial que les ordena suspender esta elección.

Detrás de todo esto está el afán de concentrar todos los poderes y desde ellos boicotear todo intento de reforma del próximo gobierno. No se resisten a su derrota y maniobran para desestabilizar a la democracia, esa democracia débil que dicen defender vulnerando sus propias leyes, desobedeciendo a la justicia y a la voluntad popular.

Quieren apoderarse del Tribunal Constitucional para garantizar su impunidad. Como lo hizo la dictadura fujimorista, que acaparó todos los poderes del Estado y la prensa mediante la corrupción y el chantaje.

Pero olvidan que el engaño, la represión y el crimen no duran para siempre, que la paciencia del pueblo tiene un límite, que la dictadura que pretenden restaurar cayó por la acción decidida del pueblo, cuyo descontento y hartazgo están creciendo también hoy.

El 6 de julio, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, presidido por la jueza Soledad Amparo Blacido Báez, emitió la Resolución N° 01, que concede la demanda de medida cautelar solicitada por Walter Edison Ayala Gonzales y ordena al Congreso de la República la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, prevista para los días 7 y 8 de julio.

Si aún así, en abierto desacato, lograr reunir los 87 votos necesarios para esa elección, sepan que el pueblo no la reconocerá. Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Sepan que el pueblo se hará escuchar.