Para el Estado peruano los derechos humanos no valen nada

Entre los años ochenta y 2000, un conflicto armado devastó al Perú. Y el mayor número de víctimas fueron indígenas. ¿Cuántos de los responsables han pagado cárcel por estos crímenes? Uno de ellos, el general Wilfredo Mori Orzo, condenado el 2016 a 25 años como autor mediato de la masacre de Accomarca, está en su casa, ha sido vacunado contra la Covid-19 y nadie lo busca. Los grandes medios de comunicación no han dicho nada, solo los medios virtuales alternativos lo han denunciado.

El 14 de agosto de 1985, patrullas militares al mando de Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivero Rondón ingresaron a Accomarca, en la provincia ayacuchana de Vilcas Huamán, y asesinaron a 60 personas, hombres, mujeres, niños y niñas. Wilfredo Mori Orzo era entonces jefe del Comando Político Militar de Ayacucho.

Estos responsables de crímenes de lesa humanidad fueron amnistiados por el Congreso de la República dominado por el fujimorismo. Fue la misma Ley de Amnistía que liberó a los integrantes del Grupo Colina. Pero el 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó anular esa amnistía. Entonces Telmo Hurtado huyó a Estados Unidos, fue detenido en Miami el 2006 y extraditado al Perú cinco años después.

Wilfredo Mori Orzo fue condenado 31 años después de la Masacre de Accomarca a 25 años de prisión y desde entonces está supuestamente prófugo. Pero está en su casa y nadie lo busca. Esto es protección y complicidad con un criminal.

No es el único caso. El primer jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Clemente Noel y Moral, quien inició la guerra sucia, fue encontrado culpable del secuestro, asesinato y desaparición de 55 personas en el cuartel Los Cabitos. Nunca fue a la cárcel y murió tranquilamente en una clínica privada el 4 de marzo del 2005.

El general Francisco Morales Bermúdez, el autor del traidor golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado, fue condenado por un tribunal de Roma por la desaparición de 20 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, un siniestro plan articulado por las dictaduras latinoamericanas para asesinar opositores. El segundo gobierno de Alan García Pérez se negó a extraditarlo y en la segunda vuelta electoral de este año, con casi 100 años de edad, Morales Bermúdez acudió tranquilamente a votar.

Está claro que para el Estado peruano los derechos humanos y la justicia no son prioridad. Por el contrario, los gobiernos protegen y se hacen cómplices de los autores de crímenes de lesa humanidad. ¿Es qué las víctimas son indígenas y nuestra vida vale menos? Basta ya de impunidad.