Actividades mineras que no han sido sometidas a consulta previa son ilegales
El anuncio de una medida legal, que forma parte de los mecanismos que deben cumplir previa a la instalación de una concesión, ha despertado las iras de los poderosos empresarios de la Confiep y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez solo habló del plan de cierre de las minas del sur de Ayacucho y de inmediato las presiones y amenazas empresariales se hicieron sentir.
Las provincias ayacuchanas de Parinacochas, Paucar del Sarasara y Lucanas iniciaron el 28 de octubre un paro indefinido contra la contaminación minera en las cabeceras de Cuenca de esa región. El paro fue suspendido con el anuncio de los planes de cierre.
No se trata, como dicen los empresarios y la derecha, de una medida “arbitraria e ilegal”, porque el plan de cierre está contemplado en las normas mineras. La ilegalidad está en la propia presencia de esas minas, porque sus megaproyectos jamás fueron sometidos a consulta previa, libre e informada y menos obtuvieron el consentimiento de las comunidades susceptibles de ser afectadas, que de acuerdo al derecho internacional son son obligaciones antes de otorgar las concesiones correspondientes.
Pero la Confiep dice que anunciar planes de cierre “justifica la violencia”, “genera inestabilidad”, “vulnera el estado de derecho” y “desalienta la inversión privada”. Falso. Quienes justifican la violencia son quienes imponen por la fuerza megaproyectos extractivos, llaman a la represión y criminalizan a los pueblos que solo defienden sus derechos que les están vulnerando y a quienes les están condenando a morir a pausas contaminados por metales pesados. Quienes generan inestabilidad son quienes financian las permanentes campañas contra el gobierno y “terruquean” a quienes exigimos el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas. Quienes vulneran el estado de derecho son quienes se oponen a que el Estado cumpla con su obligación de realizar consultas previas de todo proyecto que pueda ser susceptible de impactar en nuestros derechos. No se trata de desalentar la inversión privada sino de que ésta cumpla con los estándares internacionales de derechos.
Otro argumento de los empresarios y la derecha es que ninguna entidad del Estado ha comprobado los impactos ambientales. Eso, de ser cierto, no significa que tales impactos no existan. La Prelatura de Caravelí ha señalado que una de las minas está ubicada debajo de una laguna, cabecera de Cuenca del río Yauca, que da agua potable y riego a las provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí. Que ya han muerto decenas de vacas por beber esas aguas contaminadas. Y que los productos agrícolas de la zona pueden contener metales pesados que afectarían también a los consumidores de la costa.
No son hechos aislados, las actividades extractivas, en particular la minería, son fuente permanente de conflictos sociales por violar derechos humanos y ambientales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 84 conflictos sociales que involucran a empresas mineras en el Perú.
Demandamos al gobierno no ceder a las presiones de los poderosos, así como garantizar el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento, previos, libres e informados, antes de otorgar concesiones para actividades extractivas y antes de cada etapa del proceso minero y declare la nulidad de todas las concesiones que no han respetado tales derechos. El gobierno tiene que ponerse a derecho y no seguir comprometiéndonos internacionalmente como Estado.
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