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Nueva Constitución para alcanzar la justicia fiscal

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Nueva Constitución para alcanzar la justicia fiscal

Las desigualdades e injusticias que impiden el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos se sustentan en el modelo económico y político dominante. Un modelo cuyo Estado está centrado en mantener los privilegios. Y esa es la razón de fondo por la cual el Congreso negó al Ejecutivo facultades amplias para una reforma tributaria integral.

Así, el 2021 se consolidó como el año en el que las esperanzas fueron desdibujándose y frustrándose. No fue un año de cambio sino de más de lo mismo: cualquier intento de reforma, incluso de maquillaje al sistema, no podía pasar. Las políticas del Estado continúan obstruyendo la justicia, en este caso la justicia fiscal.

La política fiscal y tributaria es injusta porque se sustenta en aquellos impuestos que afectan a todos por igual, como el Impuesto General a las Ventas. No reconoce e invisibiliza las desigualdades de clase, de género, de etnicidad. Mucho menos hace realidad la demanda que se escucha más fuerte desde el inicio de la pandemia: que paguen los ricos. Algo tan sencillo como hacer que paguen más los que tienen más.

ONAMIAP se reunió para examinar estos problemas. Luego de varias sesiones de trabajo en las que el equipo técnico fortaleció sus conocimientos acerca de este tema, identificamos los aspectos esenciales para abrir el camino hacia la justicia fiscal. Y la conclusión no pudo ser otra: para alcanzar esta justicia hay que empezar por cambiar el modelo y su Estado. Es decir, es indispensable una nueva Constitución.

Es necesario considerar a los pueblos indígenas en la estructura del Estado. Esto es, que sus gobiernos y autoridades sean reconocidos dentro de los niveles de gobierno, para que tengan facultades de decidir su propia política tributaria y fiscal. Esto implica el reconocimiento y garantía jurídica de los territorios ancestrales integrales.

Hay que fortalecer la conciencia tributaria, que el pago de tributos no vaya a los bolsillos de funcionarios corruptos sino que garantice recursos para el ejercicio de derechos fundamentales, como salud, educación, justicia, seguridad, entre otros. Y promover políticas fiscales orientadas al cierre de desigualdades, con enfoque de género y de derechos humanos individuales y colectivos.

Asimismo, se require mayor transparencia y participación en el diseño y fiscalización de la recaudación y distribución (formulación de presupuestos). Y que todo beneficio tributario establezca regulaciones claras y se oriente a lograr la justicia social.

Estas fueron, en resumen, nuestras conclusiones. Las cuales serán discutidas y alimentadas con las bases organizativas de ONAMIAP para ser parte de nuestra propuesta de contenido de una nueva Constitución Política.

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