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Estado Peruano no garantiza los derechos de pueblos indígenas en el Plan de Empresas y Derechos Humanos

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Estado Peruano no garantiza los derechos de pueblos indígenas en el Plan de Empresas y Derechos Humanos

“Queremos que se cumpla el derecho a la consulta previa frente al accionar de las empresas. Pero ¿Cómo podemos esperar eso si el Estado ya vulnera ese derecho sistemáticamente?”, interpeló Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) en la Audiencia Pública “Situación de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos en Perú”, realizada ayer en el marco del 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esta Audiencia, ONAMIAP denunció la vulneración de derechos por parte del Estado en el proceso de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. Al respecto, Melania Canales señaló: “No ha existido consulta previa para la elaboración de este plan. Preguntamos sobre nuestro derecho a la consulta previa y nos dijeron que se haría tras aprobar el plan. Además, no tomaron en cuenta nuestros aportes en el documento final”.

Liliana Gadea, integrante del equipo técnico de ONAMIAP añadió: “El que no haya habido consulta previa en el proceso de elaboración del plan no es un hecho aislado. El Estado viene vulnerando una y otra vez este derecho. A la fecha no está implementada la consulta previa legislativa y los propios sectores del ejecutivo no consultan todas las medidas que afectan a los pueblos. Además, recientemente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que niega el derecho a la consulta previa”.

El Plan tiene como objetivo proteger los derechos humanos frente a las actividades empresariales. Los pueblos indígenas u originarios somos los más afectados por la actividad de las empresas, que atropellan nuestros derechos, privándonos de nuestras tierras, desarticulando nuestra organización social y contaminando nuestros territorios y fuentes de aguas.

En la Audiencia participaron también el representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-GTANW y las abogadas de Earth Rights International. Todas las organizaciones coincidieron en que el Estado no garantizó el derecho a la participación de las organizaciones indígenas en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y en que este plan no garantiza derechos humanos.

Por el Estado, que había solicitado la Audiencia, participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue notoria la ausencia del Ministerio de Cultura, ente rector en materia de derechos de Pueblos Indígenas, institución que viene guardando un silencio cómplice frente a las vulneraciones de nuestros derechos.

Por su parte, Jan Jarab, representante en la Oficina Regional ONU-DH expresó que: “creemos que se han dado algunas medidas promisorias. Sin embargo, los pueblos indígenas y defensores ambientales continúan en riesgo, amenazados por empresas legales e ilegales”.

Luego, los comisionados de la CIDH dieron a conocer sus preocupaciones y dudas al Estado peruano. La comisionada Roberta Carkle cuestionó: “si el plan ya está en la etapa de implementación ¿Qué mecanismos se van a implementar para garantizar la verdadera participación de la sociedad civil en este proceso?”. Otros comisionados también preguntaron: ¿cuál es el tipo de ayuda que requiere el Estado de parte de la CIDH para mejorar la implementación del plan? Y la gran pregunta ¿Cómo van a garantizar el cumplimiento del derecho a la no discriminación y a la consulta previa, teniendo en cuenta lo expresado por los representantes de la sociedad civil?

Las respuestas del Estado fueron escuetas y evasoras, no se habló de acciones para garantizar la consulta previa, ni se respondió a las preguntas de la CIDH sobre la protección de defensores de derechos humanos y la actual situación de criminalización que viven. En esta audiencia se hizo de manifiesto que el Estado no cumple su función de garantía y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. La gran ausencia del MINCUL es una evidencia de lo que venimos señalando las organizaciones indígenas: la falta de una institucionalidad indígena en la estructura del Estado.

ONAMIAP continuará vigilante en los tres niveles del gobierno, para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las mujeres indígenas.

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