Lideresas indígenas a la ONU: exigimos que el Estado respete y garantice nuestros derechos colectivos

Los días 21 y 22 de febrero en Cusco, lideresas y dirigentas de tres bases organizativas de ONAMIAP: Federación de Mujeres Campesinas de la Provincia de Anta (FEMCA, Cusco), Federación de Mujeres de la Región Apurímac (FEMURA) y Asociación de Mujeres Sumac Tika (Puno), se reunieron para dialogar sobre la situación de los pueblos indígenas y plantear nuestras demandas y preocupaciones a representantes de Naciones Unidas.

Durante los dos días de arduo trabajo las mujeres participantes dialogaron sobre siete de nuestros derechos colectivos: el acceso a salud y educación intercultural, derechos territoriales, la consulta y el consentimiento previo libre e informado, el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres indígenas y la madre naturaleza y la institucionalidad indígena.

Karen Huere, asháninka, secretaria de juventud y niñez de ONAMIAP inició el diálogo señalando que “nosotras venimos organizándonos para la protección de nuestros derechos como mujeres y como pueblos indígenas desde hace 25 años. Los pueblos indígenas llevamos más de 500 años resistiendo, porque el Estado no cumple con protegernos ni a nuestros territorios. Queremos que los organismos internacionales alienten a nuestras autoridades a respetar la autonomía de nuestros pueblos, que dejen de tratarnos como si no fuésemos peruanos”.

En cuanto a salud intercultural, las mujeres y dirigentes indígenas coinciden en que no existe un verdadero acceso a la salud para sus comunidades, pese a que hace más de 7 años se ha aprobado la Política Sectorial de Salud Intercultural. Según sus testimonios, los centros de salud en sus pueblos no están equipados, no cuentan con personal médico, sus conocimientos en medicinas ancestrales son deslegitimados y sufren permanentemente actos de discriminación.

La pandemia ha acrecentado la falta de salud intercultural, según Ruth Aguilar, lideresa indígena de la provincia de Lampa en Puno: “Muchas veces íbamos por otra cosa a la posta y nos decían que era COVID. Así se ha muerto gente por otras enfermedades ya que el personal de salud se negaba a atenderlos. Incluso se declaraban muertes por coronavirus que nosotras sabíamos que no tenían esa causa.”

Sobre educación intercultural, las mujeres indígenas dieron a conocer las profundas carencias que se han incrementado durante la pandemia y obstaculizan el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes indígenas. “Nos mandan profesores que vienen solo tres o cuatro días a la semana. Durante la pandemia, muchos de nuestros hijos no han podido estudiar debido a que no podían conectarse a las clases virtuales y tuvieron que dejar de estudiar o no aprendieron nada”, comentó otra de las participantes.

Es también preocupante que, durante este año, las plazas para docentes de educación intercultural bilingüe (EIB) se han reducido de 600 a 81, pese a la obligación del gobierno de implementar la EIB como parte de los derechos inherentes de los pueblos indígenas y la preservación de las lenguas originarias del país.

En cuanto a derechos territoriales y la implementación de la consulta previa, Guadalupe Flores, de la comunidad de Lamas comentó: “Estamos siendo despojados de nuestros territorios, el Estado está concesionando nuestros derechos a las empresas extractivas, haciendo obras sin consultarnos, contaminando nuestras fuentes de agua y los productos que cultivamos. Tampoco podemos tener los títulos de propiedad de nuestras tierras.”

Las participantes concordaron en que la consulta previa no es consulta, ni es previa, usualmente se da tras la presión de las comunidades afectadas por determinado proyecto, cuando el Estado ya otorgó la concesión de un territorio indígena y se produjo la vulneración de derechos.

En paralelo, la problemática de la violencia de género afecta más que nunca a las mujeres y niñas indígenas. Si antes de la pandemia era difícil que una mujer denuncie violencia intrafamiliar y de género en sus comunidades, las restricciones dadas en el marco de la crisis sanitaria solo empeoraron la situación.

“Nuestra única manera de denunciar es a través de la Línea 100 y muchas veces no tenemos señal o simplemente no nos responden. Ir a la comisaría es difícil para nosotras, no nos hacen caso y tratan de evitar que denunciemos.”, comentaron sobre las violencias que sufren. Pese a la terrible situación, el Estado peruano no ha tomado medidas para combatir la violencia contra la mujer indígena, dado que el sistema implementado desde instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables carece de enfoque intercultural.

En cuanto a la institucionalidad indígena, el Viceministerio de Interculturalidad, ente rector, no parece tener el mínimo interés en escucharnos, menos aún en defender nuestros derechos. Las hermanas participantes del diálogo tienen una posición clara respecto a este grave problema: no existe una verdadera representación indígena en la toma de decisiones del Ministerio de Cultura. Por eso, demandamos la participación paritaria y con poder de decisión de las organizaciones indígenas. Este sería solo el primer paso hacia un nuevo camino donde los pueblos indígenas seamos los que discutamos y planteemos acciones estatales para la protección de nuestros derechos.

Todo esto fue recogido y sistematizado por ONAMIAP para su presentación a las Naciones Unidas, para que la ONU recomiende al Estado peruano la adecuada implementación de los derechos colectivos e individuales de las mujeres indígenas.

Estas actividades se realizan en el marco del Proyecto “Mujeres indígenas quechuas incidiendo para una gobernanza territorial con equidad de género y el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada; y el pleno ejercicio de sus derechos a la participación”, con el apoyo de la Fundación Ford.